Lo esencial: Bolivia cumplió 31 días de bloqueos con la ratificación de las organizaciones movilizadas de continuar las medidas de presión de forma indefinida, confirmando que el conflicto mutó de demandas sectoriales a una disputa política abierta por el poder.

Por qué importa: El país ya no enfrenta una protesta social convencional, sino una confrontación política y corporativa destinada a desestabilizar al gobierno y redefinir el control de las rentas estatales en un contexto de agotamiento económico.

Analistas coinciden en que el abandono de los pliegos petitorios originales para concentrarse exclusivamente en la renuncia presidencial evidencia una estrategia para forzar un cambio de régimen al margen de los mecanismos institucionales.

El análisis: Para varios analistas, la crisis revela el colapso de un sistema de lealtades construido alrededor de la renta extractiva durante la bonanza gasífera.

La politóloga Jimena Costa sostiene que la exigencia de renuncia presidencial funciona como una “cortina de humo” vinculada al proceso judicial contra Evo Morales por trata y tráfico de personas, surgida exactamente cuando fue declarado en rebeldía.
El analista Diego Ayo considera que los antiguos movimientos sociales mutaron en “microfaccionalismos mafiosos y extractivistas” que durante dos décadas vivieron de la distribución de rentas estatales y hoy utilizan bloqueos para recuperar privilegios perdidos.
El economista Gonzalo Chávez interpreta la crisis como consecuencia directa del agotamiento del modelo económico, afirmando que Bolivia atraviesa el “trauma del destete” de sectores acostumbrados a vivir de subsidios y transferencias estatales.

Los números: Las pérdidas económicas acumuladas alcanzan los 1.680 millones de dólares, equivalentes al 2,26% del PIB nacional.

Entre 2006 y 2014, Bolivia recibió cerca de 60.000 millones de dólares impulsados por las exportaciones de gas natural, recursos que según Chávez se desperdiciaron sin diversificar la economía.
La fábrica estatal de papas fritas en El Alto demandó 24 millones de dólares y nunca logró operar plenamente, citada como ejemplo de los “elefantes blancos” financiados durante la bonanza.

La crisis humanitaria: El deterioro económico, humanitario y sanitario golpea principalmente a las ciudades del eje central con desabastecimiento de combustibles, alimentos y oxígeno medicinal.

Hospitales en La Paz advierten riesgos críticos para pacientes en terapia intensiva y neonatología, con reservas de oxígeno que alcanzan apenas para unos días.
Reportes dan cuenta de la muerte de un niño de 12 años y de tres mujeres debido a dificultades para recibir atención médica oportuna por los bloqueos.
En Patacamaya, al menos 77 comunidades decidieron radicalizar las medidas de presión y rechazar cualquier posibilidad de diálogo inmediato.

Qué dicen: Las posiciones de los actores reflejan la profundidad de la fractura política.

“Las decisiones de nuestros hermanos de base simplemente se respetan (…) nuestros hermanos siguen con la postura de continuar”, afirmó el dirigente de la Csutcb, Severo Marca.
La periodista Amalia Pando advirtió que “la población está comenzando a sentirse completamente indefensa” y alertó sobre el riesgo de una escalada incontrolable si grupos urbanos deciden desbloquear rutas por cuenta propia.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, sostiene que las movilizaciones se alimentan de “narrativas falaces” impulsadas por operadores políticos.

La fractura interna: La crisis también expone una ruptura profunda entre el gobierno de Rodrigo Paz y sectores populares e indígenas que respaldaron electoralmente al oficialismo.

El analista Pedro Portugal sostiene que parte de las bases sociales perciben una “traición” del Ejecutivo, al considerar que el gobierno terminó alineándose con sectores empresariales y agroindustriales mientras relegaba al bloque campesino-indígena.
Según Portugal, dentro de la cultura política indígena la autoridad se asocia a firmeza y coherencia, por lo que las sucesivas concesiones del gobierno erosionaron su legitimidad y alentaron la radicalización.

Entre líneas: La crisis boliviana encaja en la definición de Antonio Gramsci citada por los analistas: “Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”.

Lo viejo sería el modelo rentista sostenido por el gas y la distribución de excedentes; lo nuevo, un esquema productivo que todavía no logra emerger en medio del caos político y económico, mientras en ese vacío proliferan los “monstruos” de la radicalización y fragmentación.

La respuesta oficial: El Ejecutivo insiste en evitar medidas como el estado de excepción para impedir una escalada mayor de violencia e intenta construir una transición económica mediante el denominado Consejo Económico Social de la Patria.

Las críticas hacia el gobierno crecen incluso entre sectores que anteriormente respaldaban la necesidad de diálogo, mientras analistas cuestionan la ausencia pública de ministros clave y la falta de medidas efectivas para restablecer el libre tránsito.