Gobierno defiende acuerdos con mineros, pero expertos advierten riesgos ambientales
Lo esencial: El Ministerio de Minería defendió los acuerdos alcanzados con el sector cooperativizado minero y aseguró que no vulneran derechos indígenas ni la consulta previa, mientras expertos del CEDIB advierten riesgos ambientales en la nueva normativa.
Por qué importa: La Resolución Ministerial 069/2026 simplifica los requisitos para cooperativas mineras, lo que según especialistas podría debilitar los controles socioambientales y dificultar la fiscalización del uso de mercurio.
- Los pueblos indígenas y comunidades cercanas a operaciones mineras podrían quedar expuestos a actividades extractivas sin los mecanismos de consulta y licenciamiento ambiental que se exigen a otros actores del sector.
Estado actual: El nuevo reglamento de adecuación de derechos mineros establece condiciones diferenciadas según el tipo de operador minero.
- Las cooperativas mineras deben cumplir siete requisitos de adecuación, sin incluir licencia ambiental ni consulta previa.
- Las empresas privadas y estatales deben presentar 12 requisitos, incluyendo documentos que evidencien cumplimiento de normas ambientales.
- La resolución permite regularizar subarriendos y contratos entre privados y cooperativas que no estaban permitidos por la normativa minera original.
Qué dice el Gobierno: El Ministerio de Minería afirmó que la Consulta Previa, Libre e Informada “permanece como un derecho garantizado por la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 535 de Minería”, y que el sector opera bajo el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM).
Qué dicen los expertos: Jorge Campanini, investigador del CEDIB, advirtió que la nueva disposición refleja una política de medidas de “shock” o fast track que busca acelerar las adecuaciones mineras a favor de las cooperativas en tiempos récord, y cuestionó que la flexibilidad normativa dificulta el control sobre el uso de mercurio.
Contexto: La controversia surge tras jornadas de movilización de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) en La Paz, las cuales derivaron en estos compromisos gubernamentales que simplifican el acceso a derechos mineros.
Entre líneas: Mientras el Gobierno sostiene que la normativa vigente es de “cumplimiento obligatorio para todos los actores”, el análisis del CEDIB sugiere que los acuerdos con Fencomin crearon un régimen paralelo con menores exigencias para las cooperativas, lo que contradice los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en el Convenio de Minamata sobre mercurio.
