Lo esencial: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Alivio Tributario y lo remitió al Senado este 24 de abril de 2026, introduciendo condonaciones de deudas, facilidades de pago y cambios estructurales en el sistema impositivo boliviano.

Por qué importa: Miles de personas y empresas podrán salir de procesos judiciales o administrativos que llevaban años activos, recuperando liquidez y capacidad de operar.

Se levantarán medidas como congelamiento de cuentas o anotaciones de bienes, permitiendo que contribuyentes golpeados por la crisis retomen su actividad económica.

El plan: La ley combina condonación de deudas antiguas con mecanismos de regularización para obligaciones recientes.

Perdón total de deudas tributarias hasta 2017, incluyendo capital, multas e intereses, para contribuyentes con obligaciones menores a Bs 10 millones, más una inclusión excepcional de la gestión 2020 por el impacto de la pandemia.
Para deudas desde 2018, se condona multas e intereses y se permite planes de pago de hasta 36 meses, pagando solo el capital.
Cambios estructurales: reducción del periodo de prescripción de 8 a 4 años, modificación del cálculo del IVA, creación de un régimen simplificado para pequeños negocios y eliminación de trabas vinculadas a promociones empresariales.

Cómo funciona en la práctica: La ley no es automática y requiere acción del contribuyente una vez promulgada.

Plazo de 120 días para acogerse
Adhesión voluntaria al beneficio
Pago al contado o mediante facilidades de pago
Trámite ante el Servicio de Impuestos Nacionales o Aduana

Además, se levantarán medidas como congelamiento de cuentas o anotación de bienes, permitiendo retomar operaciones.

Contexto: La ley aparece en un momento económico delicado para Bolivia, con déficit fiscal cercano al 10% del PIB, escasez de divisas, desaceleración productiva y alta informalidad.

El Gobierno busca convertir deudas incobrables en ingresos inmediatos, prefiriendo recuperar algo o reinsertar contribuyentes al sistema antes que mantener una cartera en mora sin salida.

¿Qué pierde el Estado? El Gobierno sostiene que no se trata de una pérdida directa, sino de un cambio de enfoque.

Se renuncia a cobrar multas e intereses considerados incobrables
Se limpia una cartera en mora acumulada por años
Se apuesta por recaudar capital en el corto plazo

Se espera un pico de ingresos durante el periodo de regularización, aunque se sacrifican sanciones acumuladas.

Quién gana: Los principales beneficiarios serán pequeños negocios y emprendedores, personas naturales que podrán cerrar deudas menores sin sanciones, y empresas medianas que ganan liquidez al eliminar litigios tributarios.

Sí, pero: Algunos analistas advierten que este tipo de políticas puede generar un “riesgo moral”, incentivando a contribuyentes a no pagar a tiempo esperando futuras amnistías.

También se cuestiona si es una solución real o solo un alivio temporal, y si puede sostenerse sin cambios más profundos en la economía.
Desde la oposición surgen críticas que apuntan a un posible uso político de la medida en un contexto preelectoral.
Riesgo de “cultura de no pago” de la población.

Qué sigue: El proyecto será debatido en el Senado, donde podrían introducirse ajustes. Una vez promulgada, los contribuyentes tendrán aproximadamente 120 días para acogerse al beneficio.