Lo esencial: Alejandra Sivila Fuentes, de 24 años, asumió como alcaldesa interina de Potosí y se convirtió en la autoridad edil más joven de Bolivia, en medio de un colapso institucional marcado por vacíos de poder, conflictos judiciales y denuncias de corrupción.

Por qué importa: Su designación no responde a una transición regular, sino a una salida de contingencia ante la imposibilidad del Concejo Municipal de sostener una línea de sucesión estable.

Potosí permaneció casi 20 días sin alcalde y el municipio arrastra una parálisis administrativa de aproximadamente cuatro meses que afectó directamente servicios esenciales como el desayuno escolar y obras de infraestructura.

El antecedente clave: La crisis tiene como punto de quiebre la gestión del exalcalde Jhonny Llally, quien renunció en febrero de 2026 en medio de al menos 12 procesos judiciales y una creciente pérdida de gobernabilidad; sumió al Gobierno Autónomo Municipal de Potosí en una etapa de transición constante.

Tras su salida, se sucedieron designaciones interinas cuestionadas, la alcaldesa sustituta Josefina Cruz fue detenida y el Concejo quedó sin quórum por aprehensiones.
Más del 80% de concejales estuvieron involucrados en procesos o aprehensiones en algún momento, y con hasta cuatro cambios de alcalde en menos de un mes.

Quién es Sivila: Abogada formada en la Universidad Autónoma Tomás Frías, ingresó a la política a los 19 años como concejal suplente y construyó su trayectoria desde espacios de representación estudiantil.

Ejerció un rol activo de fiscalización interna, cuestionando incluso a su propio bloque y denunciando presuntas irregularidades dentro del Concejo, lo que generó conflictos, amenazas y tensiones políticas.
Fue candidata en las elecciones subnacionales donde obtuvo el segundo lugar, aunque posteriormente fue inhabilitada.

Radiografía de irregularidades: Durante sus primeras intervenciones, la Alcaldesa identificó una estructura municipal con fallas críticas en múltiples áreas.

Detectó presunta manipulación de información en auditoría interna, sobrepoblación de funcionarios en recursos humanos y debilitamiento en transparencia institucional.
Uno de los hallazgos más graves fue la existencia de cobros irregulares de hasta Bs 5.000 a comerciantes informales por permisos, lo que incentivó la expansión del comercio ilegal.

Acciones inmediatas: Sivila adoptó un perfil operativo con intervenciones directas para exponer prácticas arraigadas dentro del aparato institucional.

Intervino un lenocinio clandestino con apoyo policial y activó procesos por presunto proxenetismo.
Ejecutó operativos en la Intendencia Municipal por posibles actos de corrupción.
Implementó control de asentamientos ilegales y reordenamiento urbano.

El plan de transición: Su mandato es temporal —alrededor de un mes y medio— con el objetivo específico de garantizar la entrega institucional al alcalde electo Williams Cervantes, quien ganó las elecciones para el periodo 2026-2031 con 21.561 votos (16,75%) por el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Sivila ha señalado que su tarea es dejar “institucionalidad mínima operativa”, más que ejecutar gestión.

Entre líneas: El caso expone una tensión estructural: una autoridad joven con enfoque fiscalizador frente a una institucionalidad desgastada por prácticas irregulares y conflictos políticos.

Su discurso de “cero tolerancia a la corrupción” y recuperación del control institucional contrasta con un sistema donde las decisiones políticas fueron trasladadas a instancias judiciales.

La conclusión: La administración de Sivila no es una gestión convencional, sino una intervención de emergencia en un municipio profundamente afectado por la inestabilidad. Su rol será evaluado no por obras, sino por su capacidad de ordenar una estructura fragmentada, transparentar información crítica y entregar una administración viable a Williams Cervantes.