Crisis por gasolina desestabilizada: más de 400 desvinculados de YPFB, incluido Akly
Lo esencial: La crisis operativa y financiera de YPFB, agudizada por la distribución de gasolina desestabilizada que dañó motores, derivó en la desvinculación de 410 funcionarios y el relevo de su máxima autoridad ejecutiva, Yussef Akly, sustituido por Claudia Cronenbold.
Por qué importa: La crisis puso de manifiesto la fragilidad de la principal empresa del país y activó mecanismos de resarcimiento tras los daños a vehículos por combustible en mal estado.
- En un contexto de fuertes críticas y reclamos de sectores sociales y del transporte, la situación presiona las arcas estatales y mantiene en tensión la estabilidad económica nacional.
Contexto: La gestión de Akly, que duró poco más de cuatro meses, estuvo marcada por denuncias de conductores sobre fallas en el rendimiento y daños en vehículos por la mala calidad del combustible.
- La estatal atribuyó el incidente a un presunto “sabotaje” deliberado por parte de estructuras internas para desestabilizar al Gobierno, mientras se detectaron designaciones irregulares, nepotismo y movimientos jerárquicos para encubrir responsabilidades.
El plan: Tras la posesión de Cronenbold, el presidente Rodrigo Paz calificó el cambio como el inicio de un “segundo tiempo” para YPFB con el objetivo de recuperar su rol estratégico y avanzar hacia la producción propia de combustibles en el corto plazo.
- La nueva administración anunció la aceleración del pago de compensaciones por los daños causados por la gasolina desestabilizada.
- También prevé suscribir contratos con nuevos proveedores para importar gasolina de mayor octanaje sin alterar el precio al consumidor.
- Se ejecutará un proceso nacional de limpieza de tanques en estaciones de servicio para garantizar la calidad del producto.
Los números: Bolivia importa el 95% del diésel y el 60% de la gasolina que consume, lo que genera una presión constante sobre las arcas estatales.
Qué sigue: La nueva administración enfrenta el desafío de restaurar la confianza de la población y del sector transporte, que ha dado plazos perentorios para el cumplimiento de los resarcimientos económicos por los perjuicios ocasionados.
