Ley 157 avanza sin consulta y desata rechazo por posible reconcentración de tierras

Lo esencial: La Cámara de Diputados aprobó el 26 de marzo, mediante dispensación de trámite, el Proyecto de Ley N.º 157/2023-2024 que permite convertir pequeña propiedad campesina en mediana y suspende por diez años la verificación de la Función Económico Social (FES), sin consulta previa.

Por qué importa: La norma ha abierto un nuevo frente de conflicto político y social, con cuestionamientos por una posible vulneración de la Constitución y riesgos para la distribución equitativa de la tierra.

• Organizaciones civiles, sectores indígenas y campesinos y la Central Obrera Boliviana activaron pronunciamientos, declaratorias de emergencia y convocatorias a movilización, mientras crece la presión sobre el Ejecutivo antes de su promulgación.

Estado actual: El proyecto fue impulsado por el jefe de bancada de la alianza Libre, Rafael López, y sancionado por la presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera, en la 79ª sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• La iniciativa fija un plazo máximo de 10 días hábiles para la conversión voluntaria de tierras de pequeña a mediana propiedad.
• También establece la suspensión por una década de la verificación de la FES, un control señalado como clave para evitar la concentración de tierras improductivas.

Qué dicen: Las críticas provienen de la Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles y sectores sociales que cuestionan el procedimiento y el contenido de la norma.

• “La norma podría facilitar la reconcentración de tierras al debilitar los mecanismos de control estatal”, sostuvo el 27 de marzo de 2026 Pablo Solón, director ejecutivo de Fundación Solón.
• Once organizaciones, entre ellas Fundación Solón, CEJIS, CIPCA y Fundación Tierra, denunciaron que la ley vulnera artículos de la Constitución relacionados con la función social de la propiedad y los derechos colectivos.

Sí, pero: La Central Obrera Boliviana convocó a una marcha nacional para el 31 de marzo, en coordinación con sectores campesinos, en rechazo a lo que califican como un “paquetazo agrario”.

• No obstante, la realización de esta movilización no ha sido confirmada por múltiples fuentes al cierre de esta nota.

Qué sigue: Hasta el 31 de marzo, la ley permanece pendiente de promulgación por el Órgano Ejecutivo, mientras la Defensoría recomendó abrir un espacio de diálogo antes de su aprobación definitiva y organizaciones preparan un recurso de inconstitucionalidad.