El Post

Lo esencial: La jueza Denise L. Cote, del Distrito Sur de Nueva York, condenó el 19 de marzo al excoronel Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la FELCN, a 25 años de prisión por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos y usar armamento militar para facilitar estas operaciones.

Por qué importa: La sentencia expone fallas estructurales en el sistema antidroga boliviano durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce y reactiva cuestionamientos sobre el alcance del narcotráfico en estructuras estatales.

El caso representa un punto de quiebre en la narrativa sobre la lucha antidroga en Bolivia y abre un nuevo ciclo de escrutinio sobre la relación entre poder político, fuerzas de seguridad y crimen transnacional.

El modus operandi: La fiscalía estadounidense presentó pruebas que retratan a Dávila como un actor clave en una red que utilizaba recursos estatales para proteger cargamentos de cocaína.

Según la acusación, coordinaba operativos ficticios para despejar rutas y desviaba personal de la FELCN, además de asignar agentes armados con ametralladoras para custodiar envíos de droga.

Grabaciones incorporadas al caso evidenciaron que priorizaba beneficios económicos incluso sobre el destino final de la droga en territorio estadounidense.

La trayectoria: Dávila ocupó cargos estratégicos dentro de la estructura policial que le permitieron consolidar una red de influencia con altos niveles de impunidad.

Fue director nacional de Inteligencia en 2018, jefe de la FELCN en 2019 durante el gobierno de Morales, y comandante departamental de Cochabamba en 2020, ya bajo la administración de Arce.

Según la acusación contra Davila en EEUU, utilizó “poderosas redes políticas” bolivianas para delinquir.

Los números: Investigaciones paralelas en Bolivia detectaron una desproporción patrimonial significativa incompatible con su salario policial.

Se le atribuyen más de 50 inmuebles, vehículos de lujo y cuentas millonarias. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

La captura y extradición: La caída de Dávila fue resultado de una investigación internacional liderada por la DEA.

Fue detenido el 22 de enero de 2022 en Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina. Permaneció casi tres años en el penal de San Pedro mientras se resolvía su extradición, un periodo que analistas interpretaron como reflejo de resistencias internas.

El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia autorizó su envío a Estados Unidos, donde un jurado federal lo declaró culpable el 24 de octubre de 2025.

Qué dicen: El fiscal Jay Clayton calificó el caso como una “traición absoluta” al rol policial.

La Fiscalía boliviana asegura que existen otras personas vinculadas a los delitos que se le atribuyen.

El debate político: Sectores políticos sostienen que la condena confirma la existencia de una estructura que operó desde dentro del Estado para facilitar el tráfico internacional de drogas durante gobiernos del MAS.

La controversia se intensifica por los vínculos públicos entre Dávila y figuras del oficialismo durante su gestión, lo que ha generado cuestionamientos sobre responsabilidades políticas más amplias.

El antecedente clave: También se documentaron denuncias previas de presunta extorsión en operativos antidroga, que refuerzan la hipótesis de un uso discrecional del poder policial.

Qué sigue: La sentencia incluye cinco años de libertad supervisada tras el cumplimiento de la condena.

El Ministerio Público boliviano recordó que Dávila fue zar antidrogas durante el gobierno de Evo Morales, por lo que la comisión de fiscales evaluará si corresponde ampliar este proceso en contra de otros involucrados.

El desafío inmediato para el Estado boliviano será reconstruir la credibilidad de sus instituciones y evitar que casos similares vuelvan a erosionar la confianza pública.