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Lo esencial: La captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira el 18 de marzo en Santa Cruz destapó una presunta red de corrupción familiar que acumuló al menos 29,3 millones de dólares en menos de seis años, según investigaciones fiscales y reportes de inteligencia financiera.

Por qué importa: El caso expone cómo estructuras estatales estratégicas —desde YPFB hasta la Gestora Pública de pensiones— pudieron ser utilizadas para generar patrimonio privado a escala millonaria.

El esquema de “gasolina adulterada” causó daños al parque automotor nacional, mientras que la importación de combustibles con sobreprecios generó un perjuicio económico estimado en 250 millones de dólares.

El patrimonio bajo la lupa: Las investigaciones revelan una marcada desproporción entre ingresos declarados y bienes acumulados por los tres hermanos Arce Mosqueira.

Luis Marcelo (33 años) figura como propietario de al menos 18 inmuebles y 20 vehículos, y registra más de 60 viajes al exterior, analizados como posible indicio de operaciones financieras internacionales.

Rafael Ernesto (25-26 años), prófugo con notificación roja de Interpol, posee al menos 13 inmuebles, incluyendo un penthouse en la zona sur de La Paz valorado en 499.000 dólares, presuntamente pagado en efectivo.

Camila Daniela (20-21 años) figura como cobeneficiaria de créditos por más de 9 millones de dólares, pese a no contar con antecedentes financieros que respalden ese nivel de montos.

El eje agroindustrial: El predio “Adán y Eva”, de más de 2.100 hectáreas en la provincia Cordillera, constituye un componente central del crecimiento patrimonial investigado.

Fue adquirido en 2021 por 3,33 millones de dólares, con un anticipo de 280.000 dólares y financiamiento bancario posterior.

Rafael y Camila Arce obtuvieron créditos conjuntos por 9,1 millones de dólares (63,1 millones de bolivianos) del Banco Ganadero para la compra y desarrollo del proyecto agropecuario.

Se investiga la deforestación de cerca de 480 hectáreas dentro del predio, incluso durante periodos de restricción por incendios forestales.

La conexión financiera: De manera paralela a la operación del predio, las investigaciones detectaron un incremento en los depósitos de fondos de pensiones administrados por la Gestora Pública en la misma entidad financiera que otorgó los créditos.

Estos depósitos superaron los 1.000 millones de dólares en 2024, lo que es analizado como un posible factor de respaldo indirecto a los préstamos otorgados al entorno familiar.

El operador de facto en YPFB: Aunque Luis Marcelo Arce Mosqueira no ocupaba un cargo oficial, reportes internos indican que tenía acceso a oficinas de la estatal petrolera e influencia en decisiones estratégicas del sector hidrocarburífero y del litio, sin estar sujeto a mecanismos formales de control.

En el operativo de captura se le incautó un casco con el logotipo de YPFB, elemento que forma parte de los indicios sobre su presunta vinculación operativa con la empresa estatal.

El esquema de la gasolina adulterada: Según las indagaciones, se habría implementado un sistema para mezclar combustible con agua y alcohol, con el objetivo de incrementar márgenes de ganancia.

Este mecanismo habría contado con la participación de funcionarios y operadores privados, y es investigado tanto por su impacto económico como por los daños ocasionados al parque automotor a nivel nacional.

La ruta internacional del dinero: Paraguay aparece como un punto clave de la estructura investigada, a través de empresas como Botrading SA, utilizada como intermediaria en la importación de combustibles por parte de YPFB, con presuntos sobreprecios de hasta el 300%.

Reportes del GAFILAT señalan indicios de un circuito que incluye el ingreso de capitales de origen ilícito, su legitimación mediante operaciones comerciales y la posterior reinversión en bienes inmuebles.

Parte de estos recursos habría sido canalizada hacia inversiones inmobiliarias en Asunción por alrededor de 15 millones de dólares.

El rol de las entidades estatales: Según las investigaciones, el crecimiento patrimonial del clan Arce fue posible por decisiones y omisiones dentro de distintas instituciones públicas.

Se analiza el rol de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) en la aprobación de modificaciones de uso de suelo.

Se investiga a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la asignación de combustibles en contextos de escasez.

También se examina la participación del INRA y la UPRE en medidas que habrían facilitado operaciones vinculadas al entorno familiar.

Situación judicial actual: A marzo de 2026, los miembros del clan enfrentan distintas situaciones procesales.

Luis Marcelo Arce cumple detención preventiva en el penal de Palmasola, tras ser aprehendido junto a otras cuatro personas; en el operativo se incautaron 16.500 dólares, 40.000 bolivianos y una camioneta.

Rafael Arce permanece prófugo con notificación internacional de Interpol; se investigan movimientos orientados al posible ocultamiento de activos, como transferencias a familiares.

Camila Arce se encuentra bajo investigación formal en etapa preliminar por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El expresidente Luis Arce cumple detención en el penal de San Pedro por el caso Fondo Indígena, en un proceso que se amplía hacia el análisis de flujos económicos vinculados a su entorno.

Qué sigue: El Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) avanzan en la recuperación de activos, con procesos de anotación de bienes, congelamiento de cuentas y cooperación internacional para rastrear los 29,3 millones de dólares identificados.

Entre líneas: Más allá de las responsabilidades penales individuales, el caso abre un debate sobre los mecanismos de control estatal y la capacidad institucional para prevenir el uso de estructuras públicas en beneficio privado.