Caso Marset: La ley de EEUU impide premiar a policías con la recompensa
El Post
Lo esencial: El Gobierno boliviano buscaba gestionar el cobro de la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos tras la captura de Sebastián Marset, pero la ley federal estadounidense prohíbe pagar estos incentivos a funcionarios públicos, incluidas fuerzas del orden extranjeras.
Por qué importa: La aspiración del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, de beneficiar a la Policía Boliviana y a los agentes que ejecutaron el operativo en el barrio Las Palmas queda bloqueada por el marco regulatorio del Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP) del Departamento de Estado.
- El éxito de la pretensión boliviana no depende de un trámite administrativo sobre la recompensa, sino de la capacidad de activar mecanismos alternativos de cooperación bilateral.
La barrera legal: El programa estadounidense se rige por la State Department Basic Authorities Act, que establece con claridad quiénes pueden ser beneficiarios de estos fondos.
- Quedan excluidos los empleados o funcionarios de cualquier gobierno (estadounidense o extranjero) que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.
- La lógica jurídica en EEUU dicta que la captura de prófugos es una obligación intrínseca de los agentes del orden, por la cual ya perciben un salario público.
- El Foreign Affairs Manual (12 FAM 220) subraya que las recompensas son incentivos para personas privadas que poseen información que el Estado no podría obtener por sus propios medios.
La alternativa: Expertos en derecho internacional y fuentes diplomáticas señalan que el Gobierno cuenta con una opción técnica más robusta: el International Asset Sharing (Compartición Internacional de Activos), bajo la normativa 18 U.S.C. § 981.
- Es institucional: está diseñado específicamente para fortalecer a los gobiernos y sus agencias de seguridad.
- Es legalmente viable: no requiere excepciones extraordinarias, sino que se ejecuta a través de convenios de cooperación bilateral ya existentes.
- Retribuye el éxito operativo: si la caída de Marset permite desmantelar sus activos financieros, esos recursos podrían transferirse legalmente a Bolivia para equipamiento y tecnología policial.
Entre líneas: Las declaraciones del ministro Oviedo se inscriben en una lógica de incentivo moral para la tropa policial, mientras la realidad jurídica en Washington cierra la puerta a los fondos del programa de recompensas por información.
Qué sigue: La Cancillería y el Ministerio de Gobierno deberán activar los protocolos de Asset Sharing para que el golpe al narcotráfico se traduzca en recursos tangibles y legales para la Policía Boliviana.
