Lo esencial: La resolución de la Cámara de Senadores para retirar en 72 horas el busto de Evo Morales instalado entre 2011 y 2012 en la Asamblea Legislativa Plurinacional reabre el debate sobre el culto al líder, el uso de propaganda política en espacios estatales y la polémica sobre lo que es un homenaje legítimo o una herramienta de construcción de poder.

La instalación del busto en la ALP, además, infringe varias normas que muy probablemente quedarán sin sanción.

Por qué importa: Este precedente podría impulsar una revisión de otras obras públicas —escuelas, estadios y plazas— que llevan nombres de personas vivas, en cumplimiento de la normativa vigente.

El marco legal: La Ley de Monumentos del 7 de octubre de 1941 establece que los monumentos erigidos con fondos públicos deben aprobarse mediante una ley especial y dedicarse exclusivamente a personas fallecidas, además de considerar sus méritos y aportes al país.

La lógica de esta normativa busca evitar la propaganda política y las decisiones emocionales de líderes aún activos en la vida pública.

En muchos países existe la norma de esperar 10, 20 o hasta 30 años después del fallecimiento de una figura antes de dedicarle monumentos, permitiendo que la historia juzgue su legado con mayor objetividad, y no así sus seguidores en función de poder.

Los argumentos: Quienes impulsaron el retiro sostuvieron que el monumento fue una “donación irregular” sin ley específica que autorizara su instalación, y que el Legislativo no debe ser un espacio de culto político que genere división.

Para politólogos e historiadores, la colocación de bustos de personas vivas es una herramienta para la construcción de legitimidad política y el control del relato histórico.

Los monumentos funcionan como instrumentos simbólicos que reflejan quién ostenta el poder; el conflicto surge cuando el poder cambia y estos símbolos son vistos como propaganda.

Infracciones y sanciones: La instalación de monumentos sin respaldo legal y en honor a personas vivas constituye una infracción administrativa que debería derivar en procesos disciplinarios, responsabilidades civiles o procesos penales por incumplimiento de deberes.

En la práctica, estas sanciones casi nunca se materializan por el tiempo transcurrido, la falta de documentación sobre quién dio la orden y la tendencia a considerar estas acciones como actos simbólicos.

La resolución de estos conflictos suele limitarse a la “solución política” de retirar el monumento, sin consecuencias legales para los funcionarios responsables.

Casos emblemáticos en Bolivia: El país tiene una larga tradición de líderes que han buscado inmortalizarse en el espacio público, generando controversias que persisten hasta hoy.

Hugo Banzer posee una de las avenidas más importantes de Santa Cruz, polémico por su pasado como gobernante de facto, aunque luego fuera presidente democrático.

Germán Busch dio nombre a ciudades y provincias tras la Guerra del Chaco; en algunos casos, como Puerto Suárez, el nombre original fue restituido tras su muerte.

Evo Morales, además del busto, impuso su nombre al Aeropuerto Internacional de Oruro, a una provincia del mismo departamento y a múltiples coliseos y escuelas mientras ejercía la presidencia. El culto fue extendido a otros miembros de su familia, como sus padres.

Hugo Chávez, el presidente venezolano tiene un estadio con su nombre en Riberalta (Beni), criticado como politización de infraestructura con figuras extranjeras e ideológicas.

Qué dicen: Las posiciones sobre el retiro del busto reflejan la polarización política que rodea la figura de Morales y el debate sobre memoria histórica.

“Es una reverencia al Rey de España y un intento de borrar el proceso político que representó mi gobierno. El busto era un reconocimiento a los pueblos indígenas”, afirmó Evo Morales.

“Morales llegó al poder con apoyo masivo, pero hizo mucho daño a Bolivia. No corresponde mantener un culto político dentro de la Asamblea”, sostuvo el senador Leonardo Roca, defensor de la medida del retiro.

Seguidores de Evo Morales anuncian llevarse el busto en una marcha de reinvindicación

Analistas políticos interpretan el hecho como una disputa simbólica por la memoria histórica, donde el retiro refleja un cambio en la correlación de fuerzas políticas del país.

Qué sigue: Tras el vencimiento del plazo de 72 horas, se espera que la resolución del Senado impida la reinstalación permanente del busto en cualquier espacio de la ALP.