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Lo esencial: El accidente del Hércules C-130 FAB-81 ocurrido el 27 de febrero en la ciudad de El Alto desencadenó tres investigaciones simultáneas —técnica, penal y administrativa— tras dejar 24 muertos y más de 30 heridos, y exponer un saqueo masivo y la quema de Bs 423 millones transportados en la aeronave.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, informó que 24 personas permanecen internadas en seis hospitales.

Por qué importa: La tragedia del Hércules combina una falla aérea bajo investigación, el ingreso de más de 5.000 personas para saquear dinero estatal y la quema de billetes fuera de protocolo, configurando una triple crisis.

El caso es considerado un precedente histórico en Bolivia.

Los hechos: La aeronave transportaba billetes de Bs 10, 20 y 50, pertenecientes a la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional, destinados a reemplazar billetes deteriorados en circulación.

El Banco Central de Bolivia (BCB) aclaró que los billetes secuestrados por vecinos del lugar carecen de valor alguno y expuso los números de serie que ya fueron identificados.
La cifra de fallecidos podría derivar en imputaciones por homicidio culposo.

Investigación técnica: La Comisión Técnica de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) analiza las causas del siniestro para determinar posibles responsabilidades.

Cajas negras (CVR y FDR) enviadas al exterior para estudio exhaustivo.
Posibles fallas de motor, impacto con aves (“bird strike”) o granizo.
Variables de peso, carga, maniobra de aterrizaje e instrucciones de la torre de control.
Informe preliminar en 30 días y final en seis meses.

El abogado del piloto del avión, Erick Rojas, declaró que la aeronave sufrió una falla en los frenos al aterrizar debido a una pista cubierta de granizo y hielo, lo que provocó que no respondieran correctamente tras un cambio de ruta por condiciones climáticas adversas.

El fiscal Favio Maldonado señaló que se evaluarán “todas las condiciones técnicas, meteorológicas y operativas para determinar si existieron omisiones o falta de cuidado”.

Investigación penal: Tras el impacto se produjo un saqueo masivo del dinero disperso en el área del accidente.

Más de 5.000 personas ingresaron para apropiarse de los billetes.
Hay siete procesos abiertos por robo agravado y allanamiento.
55 personas aprehendidas: 40 hombres, 11 mujeres y 4 menores (estos últimos liberados).
Medidas: 24 con detención preventiva, 21 domiciliaria, 1 con medidas sustitutivas y 5 liberadas.
Perfil predominante: jóvenes de 18 a 25 años, estibadores de áreas cercanas al aeropuerto.

Monto recuperado: Bs 200.000 entre entregas voluntarias y allanamientos.

Un caso emblemático fue el de un joven de 19 años con Bs 71.400; 9.400 en su mochila y 62.000 en su vivienda en Tilata, El Alto.
La Policía pidió la devolución voluntaria sin represalias y el BCB invalidó las series sustraídas.

Investigación administrativa: La quema de billetes tras el saqueo es uno de los puntos más controvertidos.

Motivo oficial: evitar ingreso al mercado ilegal y prevenir crisis inflacionaria.
Los protocolos del BCB exigen incineración en hornos controlados con auditoría y notario; la quema a cielo abierto constituye una violación grave.
Fueron citados el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y gerentes de operaciones monetarias del BCB para explicar por qué no se usaron camiones blindados.

El fiscal Luis Carlos Torrez investiga posibles delitos de destrucción de bienes del Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Daños al Estado: Durante los disturbios posteriores al accidente se dañaron vehículos de emergencia, patrullas policiales y ambulancias, además de reportarse lesiones a efectivos de la Policía Boliviana y del Ejército de Bolivia.

Ocho procesos abiertos por deterioro de bienes del Estado, además de los siete por robo de dinero.

Qué sigue: El Ministerio Público continúa identificando responsables y rastreando los billetes restantes, mientras se preparan citaciones a altos funcionarios.

La conclusión: La tragedia del Hércules C-130 revela una triple crisis simultánea —técnica, penal y administrativa— y expone deficiencias en protocolos de seguridad y custodia de recursos estatales en Bolivia.