El Post

Lo esencial: La Cámara Nacional de Industrias presentó una agenda de cinco reformas legales y propuso un “Pacto Legislativo por la Estabilidad y el Desarrollo” entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para reactivar la economía boliviana.

Por qué importa: La parálisis legislativa podría frenar inversiones por $us 8.000 millones que actualmente esperan condiciones de estabilidad jurídica.

El sector privado advierte que sin acuerdos políticos, Bolivia profundizará su deterioro productivo y quedará rezagada frente a otras economías regionales, afectando el crecimiento y el empleo.

El diagnóstico: La economía boliviana atraviesa una fase de estancamiento que amenaza con convertirse en recesión estructural. La industria registró una contracción del 1% en 2025, profundizando el estancamiento de 2024 cuando el crecimiento fue apenas de 0,18%.

El déficit fiscal alcanzó el 12,7% del PIB y la inflación acumulada superó el 20% hacia finales de 2025, elevando costos de producción para empresas dependientes de insumos importados.

La escasez de divisas y problemas en el suministro de combustibles han impactado la logística industrial; la importación de bienes de capital cayó cerca de 15,9%.

Las cinco leyes propuestas: La CNI y la Cámara Nacional de Comercio plantean un paquete de reformas orientadas a crear un entorno más favorable para la inversión y la producción.

Ley de Fomento y Protección de Inversiones: crearía una Superintendencia Nacional de Inversiones, registro de contratos y posibilidad de recurrir al arbitraje internacional.

Modernización de la Ley General del Trabajo (vigente hace más de 80 años): adaptarla al teletrabajo y permitir ajustes empresariales en crisis sin cierre definitivo.

Ley de Transparencia y Alivio Tributario: régimen simplificado con pago bimensual del 5% sobre ingresos brutos para pequeños contribuyentes y reducción de plazos de fiscalización de ocho a cuatro años.

Ley contra el Contrabando y la Falsificación: combatir el comercio ilegal que genera pérdidas por $us 3.331 millones (8% del PIB) y pone en riesgo 600.000 empleos.

Ley de Libre Transitabilidad o Antibloqueos: garantizar el transporte de mercancías; los bloqueos provocan pérdidas diarias de entre $us 50 y $us 60 millones.

El rezago internacional: Bolivia enfrenta un severo retraso en la atracción de capitales frente a la región.

En 2024 el país captó apenas $us 247 millones en Inversión Extranjera Directa, frente a $us 71.070 millones de Brasil o $us 20.000 millones de Chile.

Ese mismo año no se anunciaron nuevos proyectos de inversión en el país, algo que no ocurría desde hace dos décadas.

El obstáculo político: La relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa atraviesa un periodo de fuerte tensión institucional que ha paralizado el tratamiento de varias normas económicas.

Aunque el gobierno del presidente Paz ha mostrado apertura hacia parte de las propuestas empresariales, el oficialismo carece de mayoría consolidada en el Legislativo.

El presidente del Senado, Diego Ávila, sostiene que la política económica es atribución del Ejecutivo y que la Asamblea no puede modificarla mediante leyes, citando el precedente del Decreto 21060 de 1985.

El costo fiscal: La persistencia del contrabando representa un golpe considerable para las finanzas públicas. Solo por evasión tributaria, el Estado dejaría de percibir cerca de $us 930 millones al año, según estimaciones del sector industrial.

Entre líneas: El debate ha generado un vacío institucional: el sector privado reclama leyes que garanticen estabilidad y previsibilidad, mientras el Legislativo cuestiona su competencia para aprobarlas.

El diagnóstico de la CNI concluye que el principal desafío ya no es económico sino político: la capacidad del sistema institucional de alcanzar acuerdos mínimos para sostener la estabilidad.

Qué sigue: La industria plantea que el país debe optar entre un acuerdo político que permita aprobar reformas económicas urgentes o enfrentar una parálisis legislativa con consecuencias profundas para el crecimiento y el empleo.