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Lo esencial: La redistribución fiscal “50/50”, activada por el presidente Rodrigo Paz este 2 de marzo, enfrenta un blindaje normativo de 41 disposiciones, tensiones políticas con Santa Cruz y nudos macroeconómicos que podrían postergar su aplicación plena hasta 2027.

El proyecto busca transferir a gobernaciones, alcaldías y universidades públicas el control del 50% de los recursos y la inversión pública.

Por qué importa: La reforma pretende revertir un esquema donde el nivel central administra el 80% del Presupuesto General del Estado, permitiendo que las regiones dejen de ser ejecutoras subordinadas y asuman la gestión directa de áreas estratégicas como salud y educación.

El antecedente clave: La propuesta nació en 2025 como un “preacuerdo federal” con horizonte de transformación de 10 a 15 años. En campaña, Paz planteó desmontar un modelo donde el Estado central destina cerca de 60.000 millones de bolivianos a salud y educación y administra alrededor de 90.000 millones en empresas públicas, varias de ellas deficitarias.

La primera traba fue presupuestaria: el PGE 2026 fue elaborado bajo el esquema anterior, y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, advirtió en diciembre que la redistribución no podía aplicarse de inmediato.

El Ejecutivo pidió a la Asamblea Legislativa una “recalendarización” hasta febrero de 2026 para reformular el presupuesto y adecuar la Ley de Coparticipación Tributaria.

El blindaje normativo: El Comité pro Santa Cruz presentó una hoja de ruta que identifica 41 normas —24 leyes, 11 leyes orgánicas e institucionales y seis decretos supremos— que, a su juicio, consolidan el centralismo y deben ser modificadas o derogadas.

Entre las leyes observadas figuran la Ley 1178 (Safco), la Ley 1407 de alineación al Plan de Desarrollo, la Ley 070 de Educación, las leyes 475 y 1152 del sistema de salud, y la Ley 3791 de la Renta Dignidad.

También están normas vinculadas a minería, reforma agraria, sistema financiero, telecomunicaciones y planificación estatal.

Decretos como el 29894 (estructura del Órgano Ejecutivo) y el 071 (autoridades de fiscalización) son señalados como interferencias en la gestión de los gobiernos subnacionales.

El quiebre político: La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, cuestionó la expectativa de transferencia inmediata y señaló que el proceso podría durar desde “dos o tres días” hasta “diez años”, dependiendo de la complejidad normativa.

El gobernador Luis Fernando Camacho suspendió la participación de la Gobernación de Santa Cruz en el Consejo Nacional de Autonomías mientras Barrientos permanezca en el cargo y exigió un Delegado Presidencial Autonómico.

El Comité Cívico declaró a la viceministra “persona no grata”, y el excívico Branko Marinkovic planteó el cierre del Viceministerio de Autonomías, al que acusa de ejercer control político.

Desde el oficialismo, sectores afines denunciaron que la viceministra enfrenta violencia política y una campaña de descontextualización en redes.

Qué dicen: El 18 de febrero pasado, la viceministra Barrientos declaró: “¿Qué piensan, que vamos a agarrar y darles el 50% de la plata a su cargo? No funciona así, señores”.

El jueves 19 de febrero, la viceministra pidió disculpas y reconoció haber cometido un “error de comunicación” al referirse de esa manera a la redistribución de fondos.

La disputa electoral: A semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el 50/50 se convirtió en eje de campaña. Paz se presenta como el articulador capaz de “llevar más recursos” a municipios y gobernaciones frente a una oposición fragmentada.

En Santa Cruz, Guido Nayar (Primero Santa Cruz) radicalizó la propuesta: plantea elevar las regalías del 11% al 50%, gestionar bonos de carbono como ingreso futuro y eliminar el INRA en el departamento.

Nayar acusa a la Gobernación actual de estar “quebrada”, con un déficit de 1.500 millones de bolivianos que, asegura, solo un nuevo pacto fiscal podría revertir.

Los nudos fiscales: Más allá del discurso político, el 50/50 enfrenta interrogantes estructurales sin resolver:

No está claro si la redistribución abarcará el total del PGE o solo la coparticipación tributaria, IDH y regalías.

El Tesoro General de la Nación debe seguir financiando deuda externa, defensa y programas sociales como la Renta Dignidad; operar con el 50% de los ingresos actuales exige redefinir responsabilidades.

El Estado aún pierde millones de dólares anuales en subsidios a hidrocarburos, afectados además por contrabando y corrupción; sin reformar este gasto, el margen para redistribuir es limitado.

Las capacidades técnicas: Municipios pequeños carecen de estructura para asumir nuevas competencias.

La reforma requiere ajustes complejos en el SIGEP y estudios actuariales que aún no han sido publicados.

Los números: El Presidente destacó la reducción del riesgo país de 1.200 a 700 puntos como señal de mayor certidumbre, pero subrayó que la transición debe ser gradual para no afectar la inversión.

Los escenarios hacia 2027: Los analistas proyectan tres posibles rutas para la implementación del modelo:

Escenario optimista (abril-mayo 2026): Aplicación en el segundo trimestre mediante una ley corta de emergencia, sin litigios ante el Tribunal Constitucional.

Escenario realista (mayo-agosto 2026): Implementación tras cinco a ocho meses de negociación interregional y ajustes técnicos.

Escenario lento (2027): Postergación por falta de mayorías legislativas o conflictos con regiones clave como Santa Cruz.

Entre líneas: El modelo 50/50 combina una narrativa de soberanía regional con una exigencia de responsabilidad fiscal. Su éxito dependerá de equilibrar ambas dimensiones: transferir poder real sin comprometer la solvencia del Estado.

Sin una hoja de ruta técnica robusta, estudios de impacto y la modificación efectiva del blindaje normativo, la descentralización podría quedar atrapada entre la disputa electoral y la fragilidad macroeconómica.

La conclusión: El desafío para el Gobierno no es solo redistribuir recursos, sino redefinir el pacto fiscal boliviano sin romper su estabilidad.