Lo esencial: Rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el gobernador y candidato a la reelección Luis Fernando Camacho impulsa la creación de una policía departamental en Santa Cruz, pese a que los artículos 251 y 252 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Policía Boliviana depende del Presidente por intermedio del Ministro de Gobierno.

Esto impide fuerzas autónomas departamentales.

Por qué importa: Bajo la normativa vigente, cualquier intento de crear una policía departamental sin reforma constitucional sería inconstitucional, exponiendo la iniciativa a anulaciones judiciales y conflictos de mando, en un contexto donde la CPE mantiene un control unificado de la seguridad nacional para evitar fragmentación.

El artículo 251 señala que la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.
Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.
El artículo 252 indica que las fuerzas de la Policía Boliviana dependen del Presidente del Estado por intermedio del Ministro de Gobierno.

Los hechos: La propuesta busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante presencia local y patrullaje eficiente, pero enfrenta un obstáculo constitucional directo.

La CPE consolida un mando centralizado que impide legalmente la creación de fuerzas autónomas a nivel departamental.
Sin reforma constitucional, la iniciativa podría ser anulada y generar conflictos de mando.
La CPE apunta a evitar fragmentación en la administración policial ante casos de seguridad estratégica, narcotráfico o delitos transnacionales.

Qué dicen:

“Cualquier policía departamental tendría que operar dentro de un marco legal completamente nuevo, porque el mando de seguridad está reservado al Ejecutivo central”, advirtió un experto en derecho constitucional.
“Vamos a impulsar la creación de una Policía Departamental para fortalecer la prevención, el patrullaje y el orden con sello cruceño, coordinando con las instancias competentes y respetando la ley”, anunció Camacho en sus redes sociales.
“Queremos que, cuando necesités apoyo, llegue rápido y con compromiso con tu barrio y tu familia. Santa Cruz cuidando a Santa Cruz es un paso firme hacia una ciudad más tranquila y segura para todos”, destacó en su publicación.

Implicaciones legales y cambios necesarios: Para que la propuesta fuera viable, el texto plantea varias reformas y regulaciones.

Reforma constitucional: Modificar los artículos 251 y 252 y definir límites de competencia entre la policía departamental y la Policía Boliviana central.
Ley orgánica de policías departamentales: Regular funciones, mando, financiamiento, armamento, entrenamiento y coordinación, además de prevenir conflictos de jurisdicción.
Diseño fiscal y administrativo: Asegurar presupuesto suficiente, mecanismos de control, evitar duplicidad de gastos o corrupción y garantizar responsabilidad fiscal.
Coordinación nacional de seguridad: Integrar las policías departamentales en estrategias nacionales para mantener coherencia y eficiencia.

Beneficios potenciales:

Autonomía real para gestionar seguridad cercana a necesidades locales.
Eficiencia territorial con reducción de burocracia y respuestas más rápidas.
Fortalecimiento autonómico y descentralización departamental.

Riesgos y desafíos:

Inconstitucionalidad sin reformas legales.
Conflictos de mando y superposición con la Policía Boliviana.
Fragmentación fiscal y posibles desequilibrios entre departamentos.
Tensiones interregionales por distintas capacidades económicas.

Contexto: Camacho fue elegido gobernador en 2020 y en mayo cumple cinco años de gestión, de los cuales pasó dos años y ocho meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por el caso “Golpe de Estado I” o hechos que derivaron en la dimisión de Evo Morales en 2019.

En enero de 2023, poco después de su detención, un cabildo aprobó la creación de una “guardia departamental”, iniciativa que no tuvo mayor trascendencia.

Qué sigue: La creación de policías departamentales sería histórica en términos de autonomía, pero requiere un marco legal y constitucional fortalecido, diseño institucional eficiente y coordinación con el Estado central; de lo contrario, podría derivar en fragmentación del control policial, conflictos políticos y riesgos para la seguridad nacional.