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Lo esencial: El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, fue detenido el martes 24 de febrero por presuntas irregularidades en 16 proyectos de pavimentación que habrían causado más de 6 millones de bolivianos en daño económico, marcando el momento más crítico de su gestión.

Por qué importa: La crisis institucional ocurre a menos de un mes de las elecciones subnacionales y podría generar acefalía en la alcaldía, mientras informes de control señalan que existirían entre 50 y 100 casos adicionales bajo análisis que la próxima gestión municipal deberá enfrentar.

El caso pavimento: La investigación, impulsada por la denuncia del exconcejal Juan Manuel (Mamen) Saavedra, examina proyectos de pavimentación urbana con presuntas irregularidades en ejecución y pagos.

Obras pagadas completamente pero con faltantes físicos, incluyendo un tramo de 2,4 kilómetros donde quedaron metros sin asfaltar pese al desembolso total

Los antecedentes: La crisis actual tiene su origen en años de confrontación con los mecanismos de fiscalización, según denuncias de concejales opositores que señalan que varias secretarías —especialmente Obras Públicas— operaron durante años con escasa rendición de cuentas.

Falta de descargos técnicos sólidos: observaciones de la Contraloría no habrían sido respondidas con documentación suficiente.

Debilitamiento del control político: la fricción permanente con el Concejo redujo la capacidad preventiva de la fiscalización.

Presión social acumulada: sucesivas denuncias incrementaron la demanda pública de acciones judiciales.

El proceso judicial: La fiscal anticorrupción Milenka Rodas presentó imputación formal contra Fernández y el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El Ministerio Público busca la detención preventiva por 180 días para ambos funcionarios.

El alcalde fue aprehendido tras prestar su declaración ante la fiscal.

Pasó su primera noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

La audiencia cautelar deberá ser fijada por la jueza Alejandra Menacho.

Un informe del Instituto de Investigaciones Forenses descartó que el alcalde presente una condición médica que impida su permanencia en dependencias policiales.

Qué dicen: La concejal Lola Terrazas había advertido reiteradamente que la falta de respuesta a los mecanismos de fiscalización terminaría generando consecuencias legales.

El presidente del Concejo, Juan Carlos Medrano, advirtió que no existe un consenso automático para garantizar la sucesión dentro de la misma agrupación del alcalde.

El riesgo institucional: Una eventual detención preventiva prolongada podría generar un impedimento material para ejercer el cargo, obligando al Concejo Municipal a designar un sustituto mediante una negociación política compleja en la recta final de la gestión.

Entre líneas: El “Caso Pavimento” se perfila como el proceso judicial más delicado de la administración de Fernández y posiblemente el que determine su legado político.

La crisis deja instalada una conclusión compartida por distintos actores políticos: la debilidad en los mecanismos de control interno y la falta de respuesta oportuna a observaciones técnicas pueden transformarse, con el tiempo, en responsabilidades penales.

Qué sigue: El caso ingresó para control jurisdiccional el 17 de diciembre de 2025 en el juzgado de instrucción penal anticorrupción y violencia 14 de la Pampa de la Isla. La fiscal anticorrupción Milenka Rodas presentará la imputación por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra el alcalde Jhonny Fernández.