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Lo esencial: El intento del Gobierno para llevar adelante una licitación para un monitoreo de redes sociales en Bolivia revivió el intenso debate sobre los límites al control estatal de la información digital y generó preocupación sobre posible persecución política.

Por qué importa: La iniciativa generó preocupación sobre posible persecución política, en un contexto donde Bolivia registró al menos ocho intentos de regular las redes sociales entre 2016 y 2023.

La convocatoria: El Ministerio de la Presidencia convocó una licitación por 696.000 bolivianos para contratar un “Servicio de Monitoreo de Redes Sociales y Plataformas Digitales” con herramientas de Inteligencia Artificial y Big Data, pero la retiró tras generar alarmas.

El proceso de contratación CUCE 26-0025-00-1632531-1-1 buscaba dotar al Ejecutivo de capacidades específicas de monitoreo.

Precio referencial: 696.000 bolivianos (aproximadamente $us 100.000).

Plataformas a monitorear: Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.

Capacidades exigidas: detectar picos de menciones negativas, identificar actores influyentes y anticipar crisis políticas o sociales con hasta 48 horas de antelación.

Qué dicen: El Gobierno defendió que buscaba “monitorear”, mas no “controlar”, mientras la oposición denunció riesgos de censura.

Ministerio de la Presidencia: La intención era mejorar la comunicación gubernamental y medir el impacto de las políticas públicas mediante “escucha social”, práctica habitual en gobiernos democráticos.

Diputada Claudia Herbas: Advirtió sobre el riesgo de persecución política y “espionaje digital”.
Senadora por Unidad, Soledad Chapetón: “Si es para controlar las redes sociales es algo que se debe rechazar de manera contundente”.

Diputada por Sumate, Claudia Mallón: cuestionó al Gobierno por licitar un contrato que costaría más de medio millón de bolivianos en contradicción al plan de austeridad. Además, es un atentado contra la libre expresión.

Marco Zelaya, periodista: “Cómo le vas a pagar Bs 700 mil a un “botón” o espía digital para que te diga quién o quiénes critican al Gobierno en las redes sociales. Eso hacían los masistas y si lo hace este Gobierno entonces nada ha cambiado”.

Antecedentes: Esta no es la primera iniciativa gubernamental relacionada con el control del espacio digital en los últimos años.

2016-2023: Al menos ocho intentos de regular las redes tras eventos como el referéndum constitucional de 2016 y los conflictos de 2019.

2024: Alerta por un borrador de decreto que pretendía transferir el control del Punto de Intercambio de Tráfico (PIT) al Gobierno.

2025: Polémica por declaraciones sobre el uso de “tecnología de punta” para mejorar controles en redes sociales, posteriormente “aclarado” como plan de modernización institucional.

El rol del TSE: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha solicitado normativas específicas para combatir la “guerra sucia” y la desinformación en periodos electorales, argumentando que las noticias falsas y los bots ponen en riesgo la credibilidad de los comicios.

Sin embargo, reconoce carecer actualmente de base legal para el control directo.

Sí, pero: El debate técnico sobre leyes de control digital presenta un dilema complejo con riesgos y beneficios potenciales.

Riesgos: Ambigüedad jurídica que permita catalogar críticas legítimas como “desinformación”, censura preventiva, concentración de poder y “efecto inhibidor” que lleve a la autocensura.

Beneficios potenciales: Reducir manipulación digital mediante bots, frenar campañas anónimas de desprestigio y fortalecer confianza ciudadana en procesos democráticos.

Qué sigue: Se espera que continúe el análisis sobre la necesidad de un marco legal para el entorno digital, especialmente con miras a las Elecciones Subnacionales 2026, mientras el debate sigue abierto entre la necesidad de proteger la integridad de la información y el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente sin vigilancia estatal.