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Ilustración: El Post
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Los Ese-Ejja, ante posible etnocidio; el Senado exige informe

El Post

Lo esencial: El 13 de febrero de 2026, el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, José Manuel Ormachea, anunció la activación de un mecanismo de fiscalización y solicitó al Ministerio de la Presidencia un informe sobre la situación de la etnia Ese Ejja.

Por qué importa: El pueblo indígena, asentado principalmente en Eyiyoquibo (Pando), enfrenta una situación de alta vulnerabilidad por la combinación de hacinamiento, restricciones de acceso a territorio y contaminación por mercurio asociada a la minería aurífera en la cuenca Beni–Madre de Dios.

  • La situación es descrita por organizaciones de derechos humanos como “etnocidio”.

Estado actual: Entre enero y febrero de 2026 se difundieron reportajes y pronunciamientos públicos que describen a los Ese Ejja con limitaciones de acceso a territorio y concentrados en un área reducida a orillas del río Beni. 

  • Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2022 ya había advertido sobre los riesgos vinculados a la contaminación por mercurio y sus posibles impactos en la salud y la continuidad cultural.
  • En 2021, un estudio realizado por el Biodiversity Research Institute (BRI) y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) concluyó que las mujeres de esa etnia presentaban niveles de mercurio seis veces más altos de lo permitido en el cuerpo humano, según valores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los números: La comunidad concentra población y territorio reducido.

  • 358 personas viven en el área, según datos del Censo de Población y Vivienda 2024, entre ellas 140 niños menores de 11 años.
  • El terreno fue descrito originalmente como de 10 hectáreas, pero habría quedado reducido a ocho tras una crecida del río.
  • En 2015 se construyeron 28 viviendas, cada una para familias de cinco integrantes, aunque se registran casos de hasta tres familias por vivienda.

Contexto territorial: En 2009 se identificaron 20 mil hectáreas dentro de la zona de manejo integrado del Parque Nacional Madidi (zona Apolo) para atender la demanda territorial del pueblo, pero el trámite no avanzó. 

  • En 2021, el INRA otorgó 900 hectáreas en el predio “Fortaleza”, alejado del río. En marzo de 2025 autorizó un segundo predio de aproximadamente 1.141,8 hectáreas en Rurrenabaque para 67 familias, descrito como avasallado o con ocupaciones previas.

Qué sigue: Desde la Cámara Alta se planteó la necesidad de aclarar por qué, durante más de dos décadas, no se garantiza el acceso a territorio ancestral ni condiciones básicas de vida, y se solicitaron pedidos de transparencia sobre la gestión del INRA y la atención de urgente de las demandas territoriales.

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