El Post

Lo esencial: El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025, formalizó en enero de 2026 el retorno de la DEA a Bolivia tras casi dos décadas de ausencia.

Hoy se conoce que la incursión de la Agencia norteamericana será bajo un esquema de cooperación técnica, pero sin presencia operativa ni mando en operaciones, que permanecerán bajo control exclusivo de la Policía Boliviana y la FELCN.

Por qué importa: El giro responde a un escenario internacional más complejo donde si bien el Gobierno considera prioritario evitar el aislamiento diplomático, prefiere reforzar la cooperación en inteligencia y no con presencia extranjera, frente a redes del narcotráfico que operan con sofisticación logística y financiera.

El nuevo modelo busca mejorar la eficiencia operativa, que aumentó 10% en el primer trimestre según datos oficiales.

El modelo de cooperación: El ministro de Gobierno, Marcelo Oviedo, confirmó que el retorno se formalizó bajo un modelo de “blindaje institucional” con características específicas.

Asistencia técnica e inteligencia compartida.

Capacitación de unidades especializadas.

Acceso a información satelital y redes internacionales de cooperación, incluyendo agencias europeas y regionales.

Aplicación de pruebas de confiabilidad y uso de polígrafo para reducir filtraciones internas.

Los números: En los primeros 90 días del nuevo modelo se registraron resultados concretos en la lucha antidroga.

Incautación de 5,3 toneladas de droga.

609 personas arrestadas.

Secuestro de 203 vehículos y 96 inmuebles vinculados a redes criminales.

Mejora de eficiencia operativa de aproximadamente 10% durante el primer trimestre.

Operativo “Tormenta II”: Entre el 6 y 8 de febrero se ejecutó en Villa Tunari el primer hito visible de esta nueva etapa, bajo la dirección del viceministro Ernesto Justiniano, con un despliegue terrestre y fluvial que logró resultados significativos.

Incautar 884,7 kilos de cocaína.

Destruir dos megalaboratorios de cristalización y nueve fábricas móviles.

Anular una capacidad de procesamiento estimada en 400 kilos diarios de clorhidrato.

Generar un impacto económico calculado en 2,6 millones de dólares.

Sí, pero: El operativo no dejó detenidos, dato que según autoridades del área revela la persistencia de filtraciones internas que habrían alertado a los operadores antes de la intervención.

El Ejecutivo insiste en que la estrategia prioriza el “golpe económico”: destruir infraestructura y activos de alto valor sería más eficaz para desarticular organizaciones que detener a operarios fácilmente reemplazables.

Control del espacio aéreo: Uno de los puntos críticos es la activación plena del sistema de radares franceses Thales, compuesto por 13 equipos adquiridos por cerca de 200 millones de euros durante la gestión de Evo Morales, de los cuales solo uno estaría en funcionamiento.

El Gobierno afirma que está en etapa de evaluación del estado de los radares y se estima que requieren un mantenimiento mayor valuado en 22 millones de dólares para entrar en funcionamiento.

Mientras ese proceso no se concrete, Bolivia continúa enfrentando limitaciones para controlar vuelos irregulares que utilizan su espacio aéreo como corredor hacia Brasil y Paraguay.

Qué dicen: El retorno de la DEA ha reactivado la polarización política con reacciones encontradas.

El vicepresidente Edman Lara ha expresado críticas públicas a la conducción económica y a ciertos operativos antidroga, generando más tensiones en el binomio presidencial.

Contexto diplomático: La sostenibilidad del nuevo esquema también depende del fortalecimiento de la representación diplomática en Washington y La Paz.

El Ejecutivo reconoce que la formalización de acuerdos de cooperación requiere normalizar plenamente las relaciones y consolidar canales institucionales permanentes.

Qué sigue: El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira sostiene que el modelo actual no implica cesión de soberanía, sino cooperación técnica bajo control nacional. El éxito de esta estrategia dependerá de tres factores clave.

Reducir filtraciones internas.

Activar plenamente la interdicción aérea.

Mantener coherencia política y respaldo institucional

La conclusión: El retorno de la DEA no sólo redefine la política antidroga, sino que se convierte en una prueba de gobernabilidad en un país donde la seguridad y la soberanía siguen siendo ejes de alta sensibilidad política.