El Post

Lo esencial: Bolivia tiene el plazo vencido para indemnizar a las víctimas del operativo policial del Hotel Las Américas de 2009 y ahora se encamina a un juicio internacional, con reparaciones que podrían superar los 27 millones de dólares.

Por qué importa: El plazo para cumplir las obligaciones venció este 13 de febrero, por lo que el caso será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de donde podría derivarse, a su vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde Bolivia puede enfrentar un juicio con decisiones obligatorias y vinculantes.

El operativo original: El 16 de abril de 2009, un grupo élite de la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas con el argumento de desarticular una presunta célula terrorista “con fines separatistas”.

Murieron: Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.

Detenidos: Elöd Tóásó, Mario Tadic, y días después Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

Los cuatro detenidos denunciaron torturas, detenciones ilegales y procesos que se extendieron entre seis y diez años.

Los procesados: El entonces presidente Evo Morales calificó la operación como acción contra el terrorismo, pero el proceso judicial se prolongó por más de una década sin lograr sentencias condenatorias firmes. En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, el caso fue cerrado tras el retiro del Ministerio de Gobierno como parte acusadora.

Zvonko Matkovic Ribera: empresario cruceño detenido preventivamente varios años en San Pedro, denunció detención arbitraria y prisión prolongada sin sentencia.

Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”): también procesado en el caso.

Varios acusados sostuvieron que hubo irregularidades procesales y presión política.

Determinación de la CIDH: En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH concluyó que Bolivia incurrió en responsabilidad internacional por múltiples violaciones de derechos.

La muerte de Michael Dwyer implicó vulneración al derecho a la vida.

Los sobrevivientes fueron víctimas de detenciones arbitrarias y torturas.

El proceso judicial careció de garantías y se extendió más allá de plazos razonables con detenciones preventivas de hasta diez años, como el caso de Zvonko Matkovic.

Las recomendaciones: La CIDH ordenó al Estado boliviano cumplir con medidas específicas de reparación.

Reparación integral con compensación económica por daños materiales e inmateriales.

Atención médica y psicológica para las víctimas.

Investigación penal diligente, sin alegar prescripción.

Medidas de no repetición, incluyendo capacitación permanente en derechos humanos para la Policía, Ministerio Público y Órgano Judicial.

Los números: El debate central gira en torno al monto de indemnización.

700.000 dólares aproximadamente para cada uno de los 39 afectados privados de libertad.

La madre de Michael Dwyer solicitó 3.137.942 euros.

Mario Tadic reclamó 752.690 euros.

Siles sostuvo que algunos montos planteados resultaban “no razonables”.

Qué dicen: Las posiciones reflejan la tensión entre las víctimas y el Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

Juan Carlos Guedes: “Si llega a Costa Rica, el Estado deberá decidir si defiende lo ocurrido o si transa en el marco de las recomendaciones”.

Guedes afirmó que las víctimas ya obtuvieron fallos favorables en instancias internas y ante la CIDH, expresando confianza en resultado similar ante la Corte IDH.

Próximas acciones: Guedes anunció que una vez concluido el proceso en la Corte IDH, impulsarán acciones adicionales contra Evo Morales ante instancias internacionales por las muertes ocurridas en el operativo, señalando que ya existe una demanda interpuesta por la madre de Dwyer.

El contexto actual: Bajo la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira, la defensa del Estado recae en la Procuraduría General. Hasta ahora, no se ha anunciado públicamente un acuerdo definitivo de reparación.

Qué sigue: Si el plazo vence sin cumplimiento, la CIDH formalizará la remisión del caso ante la Corte IDH, que podrá fijar montos de indemnización obligatorios, ordenar investigaciones y sanciones, y supervisar reformas estructurales.

El incumplimiento de una eventual sentencia podría acarrear responsabilidades internacionales adicionales y efectos políticos y diplomáticos para Bolivia.

La conclusión: El “caso Terrorismo” pasó de ser un operativo policial presentado como acción contra el separatismo a convertirse en un litigio internacional que cuestiona duramente la actuación del Estado en materia de derechos humanos.