El Post

Lo esencial: El aparato estatal boliviano, con más de 526.000 funcionarios, enfrenta un doble colapso: no puede atraer profesionales idóneos debido a barreras salariales y burocráticas extremas, y los que ingresan quedan paralizados por un sistema de 21 firmas y sellos que prioriza el proceso sobre los resultados.

Por qué importa: Este sistema disfuncional no sólo impide la renovación del personal público -manteniendo funcionarios de gestiones anteriores incluso con denuncias de sabotaje-, sino que anula cualquier capacidad de gestión eficiente en sectores estratégicos como gas, litio y electricidad.

El muro de entrada: La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) identifica que el Estado se ha vuelto un “repelente” de profesionales por múltiples factores.

Trampa salarial: Las instituciones redujeron escalas salariales entre 50% y 60% antes de la transición de gobierno lo que hace poco atractiva la oferta salarial del sector público.

Andamiaje burocrático: Requisitos excesivos incluyen certificados de antecedentes penales, policiales, narcotráfico, cursos obligatorios de Ley SAFCO y exigencias de cursos obligatorios de idiomas nativos, entre otros trámites.

Riesgo legal: Los funcionarios son juzgados por procesos, no resultados, con posibilidad de procesos civiles o penales años después.

La parálisis interna: Incluso si el Estado contratara profesionales capaces, el sistema está diseñado para que no puedan ejecutar, según la OFEP que lo define como “papelocracia”.

El ritual de las 21 firmas: Un trámite administrativo estándar debe recolectar hasta 21 sellos para ser válido.

Papelbol: El papel reciclado estatal obligatorio es más caro y su polvillo daña las impresoras (un ejemplo práctico de este sistema).

Verticalismo: Los informes técnicos deben transitar cinco niveles jerárquicos desde el técnico hasta el Ministro lo que tarda mucho tiempo.

Entre líneas: La conexión entre ambos escenarios es perversa: el Estado crea la “papelocracia” porque no confía en la gente que contrata. Al tener un sistema de entrada defectuoso que no garantiza idoneidad técnica, la respuesta es multiplicar los controles y sellos, lo que ahuyenta aún más a los profesionales capaces.

Las consecuencias: Este doble muro genera efectos sistémicos graves para la gestión pública.

Al no poder atraer cuadros técnicos nuevos, el Estado mantiene personal de gestiones anteriores, elevando el riesgo de sabotaje interno como ocurre en casos reportados en YPFB.

El sistema castiga la proactividad: un funcionario que intenta acelerar un proceso se expone a sanciones por “saltar pasos”.

En un entorno industrial competitivo, el tiempo de espera mata cualquier agilidad comercial.

La propuesta de mejora: La OFEP ha elevado al Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas.(COSEEP) conformado por los ministros de la Presidencia, Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas una “Nueva Visión” con tres pilares para romper este ciclo disfuncional.

Actualización de la ley 466: Normativa que hoy prioriza el control administrativo sobre la eficiencia.

Transparencia digital: Portal web para exponer datos reales y evitar que la información sea un “tesoro” burocrático.

Modernización del andamiaje: Reducir la tramitología para que las empresas estratégicas operen con lógica de mercado y no de ministerio.

La conclusión: El éxito de la OFEP no dependerá de cuántos datos publique en su nueva web, sino de su capacidad para desmantelar la cultura del sello; sin flexibilizar la entrada para el talento y simplificar la operación interna, las empresas estatales bolivianas seguirán siendo gigantes con pies de barro.