El Post

Lo esencial: A más de dos meses del rechazo del Senado al proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026, el gobierno de Rodrigo Paz continúa operando sin una ley de presupuesto propia, obligado a trabajar bajo un marco presupuestario transitorio basado en el PGE de la gestión de Luis Arce.

Por qué importa: Esta situación genera incertidumbre en gobiernos locales, paraliza nuevos proyectos y debilita las estrategias macroeconómicas para manejar el déficit fiscal del 10,3% del PIB, el endeudamiento externo y la sostenibilidad de los subsidios a los combustibles.

El intento de cambio: El Gobierno de Paz buscó desde el inicio presentar un PGE que marcara un nuevo rumbo económico, intentando descartar la estructura dejada por Luis Arce.

Sustituir supuestos optimistas de crecimiento por cifras más conservadoras ante la caída de ingresos por hidrocarburos.

Transparentar la restricción fiscal y la menor disponibilidad de divisas.

“Ordenar la casa” mediante un mensaje de prudencia y contención del gasto público frente a la lógica expansiva previa.

Las diferencias fundamentales: Existen contrastes marcados entre la visión de Arce y la propuesta de Paz en tres áreas clave.

Enfoque macroeconómico: Arce confiaba en el gasto público como motor y mayor recaudación; Paz reconoció explícitamente la caída de ingresos estructurales.

Gasto y subsidios: Arce mantenía subsidios elevados sin planes de ajuste; Paz introdujo términos como “racionalización” y “revisión” de subsidios a combustibles.

Endeudamiento: Arce mostraba mayor tolerancia al crédito como sostén fiscal; Paz emitió un mensaje de mayor prudencia financiera.

Las razones del rechazo: El Senado rechazó el documento de Paz argumentando que seguía siendo una “herencia” mal diseñada del gobierno anterior.

Cifras poco creíbles: Se cuestionó la proyección de crecimiento alto en contexto de crisis de divisas.

Déficit sin solución: El presupuesto mostraba el problema pero no planteaba un plan creíble de reducción gradual.

Inversión sin fondos: Gran parte de la inversión pública dependía de créditos externos aún no aprobados.

Falta de identidad política: El PGE no era ni continuidad plena ni giro definido, calificado de “presupuesto gastador heredado”.

El silencio administrativo frustrado:

Contrario a lo esperado al cierre de la gestión el 31 de diciembre, no se aplicó la vigencia automática por silencio legislativo del Art. 321 CPE.

Según el análisis jurídico, el “silencio” sólo opera ante la falta total de tratamiento u omisión.

Al haber existido un rechazo expreso en el Senado, el Legislativo ya se había pronunciado, invalidando jurídicamente la aplicación del silencio administrativo.

Los riesgos actuales: Gobernar con un presupuesto pasado y prorrogado conlleva serios problemas operativos y estratégicos.

Incertidumbre en gobiernos locales: Municipios y gobernaciones enfrentan dificultades extremas para planificar proyectos anuales.

Parálisis de nuevas políticas: El Gobierno puede pagar salarios y funcionamiento básico, pero los grandes proyectos nuevos quedan en pausa.

Debilidad macroeconómica: Quedan en duda las estrategias para manejar el déficit, el endeudamiento externo y la hoja de ruta para la sostenibilidad de los subsidios

Qué dicen: Los expertos advierten sobre la necesidad de ajustes urgentes al proyecto presupuestario.

Fernando Romero, economista: “El gobierno entrante tendrá que hacer un ajuste a ese proyecto tanto en metas como en gastos presupuestarios, tanto en agregado como consolidado, a la realidad económica del país… hacer el ajuste correspondiente y presentar, yo creo, un nuevo Presupuesto General del Estado”.

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía: afirmó durante el trámite legislativo que el Gobierno trabajaría en una reformulación del PGE y que presentaría la nueva propuesta “hasta febrero” del año en curso (2026).

Qué sigue:

El Gobierno de Paz tiene la obligación de presentar un nuevo proyecto de PGE 2026 reformulado que reinicie el trámite desde cero.

Se espera que esta nueva propuesta, que debe incorporar ajustes fiscales y políticos reales, sea remitida a la Asamblea Legislativa entre febrero y marzo de 2026.

En los próximos días, la presión aumentará sobre el Ejecutivo para que defina una fecha concreta de entrega y asuma explícitamente los costos políticos del nuevo ciclo económico.