El Post

Lo esencial: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado boliviano información sobre la situación de la exvocal Claudia Castro, única de siete acusados que permanece en detención preventiva en el Caso Consorcio, por presunta manipulación judicial.

Por qué importa: El proceso que derivó en la renuncia y procesamiento de exautoridades del sistema de justicia está bajo observación internacional por sus implicaciones sobre la independencia judicial y las garantías procesales en Bolivia.

Los hechos: La investigación revela un esquema de interferencia en el sistema judicial.

El 11 de junio de 2025, el juez Marcelo Lea Plaza suspendió a la magistrada del TSJ Fanny Coaquira, pese a haber sido electa con más del 60% de los votos.

Un audio filtrado reveló que el entonces ministro de Justicia de la gestión de Arce Catacora, César Siles, instruía al juez que la suspendiera asegurándole protección institucional.

Las investigaciones señalan a Claudia Castro como quien habría participado en la elaboración de los argumentos jurídicos para la suspensión de Coaquira.

El Ministerio Público amplió la imputación del caso en noviembre de 2025, incorporando el delito de organización criminal.

Contexto: El 2 de febrero último, la CIDH notificó una solicitud de medidas cautelares requiriendo informes sobre presuntos actos de intimidación y las condiciones de reclusión de Castro en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Su defensa informó que padece epilepsia y requiere atención médica especializada que no estaría garantizada en el penal.

En octubre de 2025, la autoridad judicial revocó la detención domiciliaria que Castro cumplía hasta ese momento, sustentando su decisión en cuestionamientos sobre la validez y suficiencia de los certificados médicos presentados.

Desde entonces, la Fiscalía ha objetado los informes de salud y ha respaldado la continuidad de la medida de detención preventiva.

Otro hecho en torno al caso: El 26 de octubre de 2025, el exjuez Marcelo Lea Plaza fue hallado sin vida en su domicilio.

El informe forense estableció asfixia mecánica por ahorcadura compatible con suicidio, pero el Ministerio Público abrió líneas adicionales tras denuncias de su defensa en el caso, de que habría sufrido presiones y agresiones físicas en el penal de San Pedro para modificar su declaración.

Qué dicen: Lea Plaza tenía un rol central en el proceso.

Había manifestado su intención de prestar una declaración ampliatoria.

Según su defensa, Lea Plaza iba a proporcionar información sobre la presunta participación de altos niveles del Ejecutivo (de la gestión de Arce Catacora).

Revelaría la estructura de toma de decisiones dentro del esquema investigado.

Los imputados: El proceso incluye a exautoridades y operadores judiciales.

César Siles, exministro de Justicia de la gestión de Luis Arce Catacora, actualmente con detención domiciliaria.

Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, también goza de detención domiciliaria.

Claudia Castro, exvocal del sistema judicial, detenida en el COF de Obrajes.

Antonio de la Fuente, señalado como instigador, actualmente prófugo.

Situación diferenciada: Mientras Castro permanece en detención preventiva que fue ampliada por tres meses adicionales a comienzos de este febrero, otros imputados como César Siles e Yván Córdova accedieron a detención domiciliaria o internaciones clínicas, lo que ha generado observaciones sobre la aplicación diferenciada de las medidas cautelares.

Impacto institucional: El avance del proceso derivó en la renuncia de varias autoridades y afectó el funcionamiento de la Sala Penal del TDJ de La Paz, que quedó con limitaciones operativas.

A raíz de este caso, que desnudó un manejo discrecional de la justicia en Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Romer Saucedo, anunció la creación del Observatorio para la Salvaguarda de la Independencia Judicial.

Qué sigue: El Caso Consorcio continúa en investigación. Su evolución y resolución serán determinantes tanto para la situación jurídica de los imputados como para el debate sobre la independencia judicial y el respeto al debido proceso en el país.