Lo esencial: Las fallas recientes en la calidad de gasolina importada por YPFB reabrieron el debate sobre el rol de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), su esquema de “blindaje legal” y la ausencia de sanciones institucionales, pese a irregularidades recurrentes en el abastecimiento y control técnico detectadas en los últimos años.

Por qué importa: El caso expone debilidades en la cadena de verificación de combustibles y una asimetría regulatoria: mientras operadores privados reciben multas y sanciones, no existen antecedentes públicos de sanciones directas contra la ANH como entidad, aun cuando la ley le asigna la supervisión y fiscalización de la calidad.

El debate se centra en quién controla al ente regulador y qué consecuencias institucionales enfrenta cuando fallan los sistemas de supervisión.

Los hechos: El problema se detonó por reportes de gasolina con altos índices de goma, manganeso e incluso presencia de agua, que causaron daños a vehículos y reclamos de transportistas.

YPFB reconoció fallas en el combustible distribuido desde las plantas de Trinidad, Santa Cruz y Oruro.

Las empresas contratadas para la inspección de calidad emitieron reportes iniciales favorables que luego fueron desvirtuados por nuevas pruebas oficiales.

Los surtidores privados afirmaron haber alertado a la ANH semanas antes por cambios en el olor y el comportamiento del combustible.

Los primeros operativos con laboratorios móviles concluyeron que el producto estaba “dentro de los parámetros”, lo que ahora es observado por legisladores y sectores técnicos.

Estado de situación: YPFB activó controles propios, aisló tanques e inició investigaciones internas, incluso por posible sabotaje, además de despedir a 360 funcionarios en el marco de una reestructuración.

Contexto: Especialistas en normativa administrativa describen un esquema de blindaje jurídico de la ANH, que le permite sancionar a operadores privados, pero no establece un mecanismo automático para sancionar a la entidad reguladora.

La ANH fue creada en 2009 mediante el Decreto Supremo 29894, con carácter autárquico y autonomía técnica, administrativa y económica.

Su mandato constitucional se basa en el artículo 365 de la CPE, que le otorga amplias facultades de regulación y fiscalización de la cadena hidrocarburífera.

Las faltas institucionales derivan en procesos contra funcionarios, no contra la entidad.

Quién puede sancionar a la ANH: El marco boliviano prevé la intervención de instancias externas cuando la ANH incumple la ley.

Ministerio de Hidrocarburos y Energía, como ente rector sectorial.

Contraloría General del Estado, mediante auditorías y responsabilidades administrativas.

Fiscalía General del Estado, por delitos de funcionarios.

Tribunales de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Unidades de Transparencia, que reciben denuncias por irregularidades o corrupción.

Los números: A lo largo de más de dos décadas de funcionamiento del ente regulador, se registraron numerosas sanciones a estaciones de servicio y distribuidores.

Las multas a surtidores pueden superar los 100.000 bolivianos.

Sí, pero: No existen antecedentes públicos de multas institucionales, resoluciones sancionatorias por fallas de control de calidad ni procesos administrativos contra la ANH por crisis de abastecimiento, lo que sectores de surtidores califican como una asimetría regulatoria.

Qué sigue: La Asamblea Legislativa Plurinacional activó interpelaciones al ministro de Hidrocarburos y solicitó informes sobre controles y certificaciones, mientras la Contraloría evalúa auditorías a contratos de control de calidad y el Ministerio Público abrió investigaciones por cisternas con combustible contaminado.