El Post

Lo esencial: El Gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció la elaboración de una nueva Ley del Litio para establecer reglas claras y un marco jurídico estable para la explotación de este metal estratégico.

La norma podría afectar significativamente los contratos suscritos por la administración de Luis Arce con empresas de Rusia (Uranium One Group) y China (Consorcio CBC).

Por qué importa: La nueva normativa busca atraer inversión extranjera preservando los intereses nacionales, mientras que el presidente Paz manifestó que el gobierno anterior “hizo unos contratos [para la explotación de litio] que nadie conoce”.

Paz advirtió que si los contratos no se alinean con el nuevo marco legal de transparencia y beneficio nacional podrían enfrentar obstáculos para su validación final.

Situación legal: Aunque una ley no tiene carácter retroactivo por norma general, los contratos con Uranium One y CBC se encuentran en una situación legal particular que permite ajustes.

No están perfeccionados: Los acuerdos no cuentan con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), requisito indispensable para su plena vigencia.

Sin ejecución plena: Las plantas no están operando ni en fase de construcción masiva debido a la falta de permisos ambientales y la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas.

Condiciones suspensivas: Al no estar vigentes, la nueva ley puede establecer condiciones mínimas que las empresas deben cumplir obligatoriamente

Aspectos bajo revisión: La nueva normativa proyecta ajustar cuatro pilares fundamentales de los contratos vigentes.

Participación y control estatal: Se busca garantizar que YLB mantenga el control estratégico sobre todas las fases de la cadena productiva.

Industrialización obligatoria: La ley exigiría que la producción pase por etapas de valor agregado local (carbonato, hidróxido o baterías) antes de ser exportada.

Gestión ambiental e hídrica: Se impondrán límites estrictos al consumo de agua en los salares y se requerirán evaluaciones de impacto ambiental detalladas.

Regalías y beneficios financieros: Presión para elevar las regalías del 3% actual hacia niveles entre el 11% y 12% que beneficien directamente a las regiones productoras como Potosí

Los contratos cuestionados: Los acuerdos negociados por el gobierno de Luis Arce implican una inversión total de aproximadamente 2.000 millones de dólares para instalar plantas de Extracción Directa de Litio (EDL). Expertos y organizaciones civiles los califican como “contratos de alto riesgo” o “leoninos” por tres razones principales.

Garantía de inversión: Bolivia se comprometería a devolver la inversión y los costos operativos a las empresas extranjeras mediante la producción de litio, independientemente de si el proyecto es rentable para el Estado.

Tecnología no probada: Las empresas no han demostrado credenciales de uso de la tecnología EDL a escala industrial en condiciones similares a las de los salares bolivianos.

Secretismo: Gran parte de la negociación se mantuvo bajo reserva, sin socialización con las comunidades locales ni acceso público a la “letra chica” del contrato

Qué dicen: Las voces de los protagonistas reflejan posiciones encontradas sobre el futuro de los contratos y la nueva normativa.

Mauricio Medinaceli (Ministro de Hidrocarburos): “Nuestros contratos serán respetados… la ideología no pone comida en la mesa”.

Henry Oporto (Director de Fundación Milenio): “La posición negociadora de YLB se vería muy dañada frente a la empresa rusa… con obvias ventajas para imponer sus condiciones”.

Héctor Córdova (Experto ambientalista): “Los proyectos carecen de estudios sólidos sobre el impacto ambiental… los contratos establecen un alto consumo de agua”.

Carlos Sandy (Analista minero): “Es necesario un mayor consenso sobre el litio”

Línea de tiempo: La cronología muestra la evolución del conflicto por el litio en Bolivia.

2024 – 2025: El gobierno de Luis Arce firma acuerdos con el consorcio chino CBC y la rusa Uranium One Group.

4 de febrero de 2025: Cinco instituciones especializadas (Jubileo, Milenio, Solón, etc.) alertan que los contratos son de alto riesgo y desfavorables para el país.

16 de enero de 2026: El ministro Medinaceli declara a Reuters que el gobierno de Paz respetará los contratos para dar seguridad jurídica.

26 de enero de 2026: El presidente Rodrigo Paz anuncia en Potosí la necesidad de una nueva Ley del Litio con reglas claras y transparentes

Qué sigue:

En los próximos días se espera el inicio del debate de la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se analizarán los ajustes necesarios a los contratos con los socios extranjeros.

Simultáneamente, sectores cívicos de Potosí (Comcipo) y comunidades indígenas han advertido con retomar movilizaciones y medidas de presión si la nueva ley no garantiza mayores regalías y la protección estricta del medio ambiente.

El desenlace de este marco normativo definirá si Bolivia logra atraer nuevas inversiones o si se enfrenta a un escenario de litigios y conflictos sociales.