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Lo esencial: El sistema de juicios de responsabilidades en Bolivia, diseñado para juzgar a las más altas autoridades del Estado, enfrenta fuertes críticas por su lentitud, politización y escasos resultados.

Decenas de denuncias permanecen paralizadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mientras pocos casos han concluido con sentencias ejecutoriadas.

Por qué importa: El juicio de responsabilidades es el principal mecanismo excepcional para procesar penalmente a altas autoridades por delitos cometidos en funciones.

Su estancamiento, especialmente en la ALP, ha convertido al sistema en un foco de cuestionamientos sobre impunidad, uso político del voto legislativo y falta de justicia efectiva.

La mayoría de los procesos permanece sin autorización legislativa pese a un amplio marco normativo.

El marco legal vigente: El juicio de responsabilidades se rige por la Ley N.º 044 de 2010, que modificó la Ley N.º 2445 de 2003 y restringió este privilegio procesal a autoridades específicas.

Presidente y Vicepresidente del Estado.

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Miembros del Tribunal Agroambiental.

Consejeros del Consejo de la Magistratura.

Fiscal General del Estado.

Ministros, exministros, gobernadores y otras autoridades deben ser procesados por la vía ordinaria, salvo hechos vinculados estrictamente al periodo de vigencia de la normativa anterior.

Cómo es el procedimiento: El proceso involucra a los tres órganos del Estado y no admite salidas alternativas, procedimientos abreviados ni conciliaciones.

Denuncia: cualquier ciudadano puede denunciar ante el Fiscal General del Estado.

Investigación fiscal: el Fiscal General evalúa indicios y en aproximadamente 30 días emite requerimiento acusatorio o rechaza la denuncia.

Autorización legislativa: la ALP debe aprobar el juicio con dos tercios de los miembros presentes, considerado el principal “cuello de botella”.

Juzgamiento: el TSJ actúa como tribunal de única instancia y emite sentencia con voto de dos tercios.

En casos graves como genocidio, traición a la patria o delitos que causen grave daño económico al Estado rige la imprescriptibilidad.

Delitos más recurrentes: Los tipos penales más invocados en los juicios de responsabilidades incluyen:

Traición a la patria.

Uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles.

Resoluciones contrarias a la Constitución.

Anticipación o prolongación indebida de funciones.

Violación de derechos y garantías constitucionales.

Delitos que afectan gravemente el patrimonio del Estado.

Procesos paralizados en la Asamblea: El vicepresidente Edmand Lara denunció que al menos 20 juicios de responsabilidades están paralizados en la ALP.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, confirmó 18 proyectos pendientes bajo la Ley 044.

Gonzalo Sánchez de Lozada y exministros de su gabinete.

Carlos Mesa, expresidente.

Leopoldo Fernández y Mario Cossío, exprefectos.

Félix Patzi, exministro de Educación.

Carlos Nicanor Cortés, exprefecto de Chuquisaca.

Magistrados “autoprorrogados” del TCP: Miguel Hurtado, René Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo.

Magistrados del TSJ como Ricardo Torres y Carlos Alberto Egüez.

Proposiciones acusatorias contra el expresidente Evo Morales, rechazadas por defectos de procedimiento.

Otros procesos anunciados: Lara anunció la activación de procesos penales y de responsabilidades contra el expresidente Luis Arce, el exministro Eduardo del Castillo, el excomandante policial Augusto Russo y el exviceministro Jhonny Aguilera.

Los procesos se basan en presuntos hechos de corrupción, abuso de poder y vulneración de derechos.

El caso Rodrigo Paz: La Comisión de Justicia Plural recibió una denuncia contra el presidente Rodrigo Paz por una supuesta privatización irregular de recursos naturales.

El pedido fue rechazado por no contar con requerimiento acusatorio previo del Ministerio Público.

El caso evidenció que muchas denuncias fracasan por errores formales.

Observaciones y críticas al sistema: Especialistas y exlegisladores identifican fallas estructurales en el sistema.

Politización del voto de dos tercios.

Vencimiento de plazos fatales que deriva en prescripción.

Falta de agenda legislativa.

Uso del juicio de responsabilidades como instrumento de presión política.

El exdiputado Wilson Santamaría advirtió que varios procesos habrían prescrito deliberadamente para proteger a exautoridades del Órgano Judicial y del Ejecutivo.

Quiénes sí fueron sentenciados: Pese a las trabas, existen antecedentes de sentencias ejecutadas mediante este sistema.

Luis García Meza y su gabinete, condenados por delitos de lesa humanidad y la masacre de la calle Harrington.

Casos Chitotarras y Misiles Chinos, con sentencias y encarcelamientos.

En el caso Petrocontratos, el expresidente Sánchez de Lozada y exministros fueron juzgados en rebeldía; el proceso continúa en el TSJ.

Otros procesos como Octubre Negro, Enfe, Reforma Educativa y Misiles Chinos reflejan resultados dispares.

Un problema histórico: Desde 1825, Bolivia tramitó alrededor de 40 juicios de responsabilidades contra presidentes y ministros, la mayoría con tinte político y pocos con condenas firmes.

La conclusión: A más de dos siglos de vida republicana, el juicio de responsabilidades sigue siendo un instrumento necesario para controlar el poder, pero vulnerable a la manipulación política y señalado como uno de los engranajes de la impunidad en Bolivia.