Denuncian a expresidenta de la Aduana por daño económico de Bs 10 millones
Lo esencial: El Viceministerio de Transparencia formalizó una denuncia penal contra la expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda (gestión 2020-2025), y otros exfuncionarios por presuntos hechos de corrupción y conducta antieconómica, vinculados a la compra de un terreno y la construcción de oficinas en Tarija, con un perjuicio estatal superior a Bs 10 millones.
Por qué importa: La denuncia apunta a un presunto daño económico significativo al Estado por decisiones de inversión cuestionadas en la Aduana Nacional, incluyendo sobreprecios y desembolsos pese al incumplimiento de condiciones contractuales, lo que impacta directamente en el uso de recursos públicos.
- El perjuicio estatal estimado supera los Bs 10 millones.
Los hechos: La investigación se centra en irregularidades en la adquisición de un terreno y en la construcción de oficinas institucionales en el departamento de Tarija, detectadas por el Viceministerio de Transparencia.
- El terreno fue adjudicado por Bs 2.784.000, pese a existir otra propuesta técnica válida por Bs 1.816.513.
- El predio no contaba con documentación en regla, derecho propietario individualizado ni accesos adecuados al momento de la compra.
- El derecho propietario fue regularizado dos años después del desembolso total de los recursos.
Los números: La fiscalización económica-financiera de la obra identificó sobreprecios relevantes en la construcción de las oficinas.
- Costo total de la obra: Bs 22.618.549.
- Costo pagado por metro cuadrado: aproximadamente 1.000 dólares.
- Costo de mercado en Tarija: alrededor de 300 dólares por metro cuadrado.
- Daño estimado por sobreprecio en construcción: Bs 9 millones.
Qué dicen: Autoridades de Transparencia detallaron observaciones técnicas, económicas y jurídicas sobre el proyecto.
- Yamil García, viceministro de Transparencia, señaló presunto direccionamiento en la compra del terreno y calificó el caso como parte de una “problemática estructural” que afecta la credibilidad del Estado.
- Iván Vaca, director general de Transparencia Institucional, advirtió que se desembolsaron fondos públicos sin cumplir las condiciones contractuales originales.
Qué sigue: La denuncia, presentada formalmente el 27 de enero, fue admitida por el Ministerio Público, que designó a un fiscal anticorrupción para investigar los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
