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Lo esencial: El nuevo tarifario aéreo entró en vigencia este lunes 26 de enero de 2026 con incrementos de hasta 42,25% en rutas estratégicas, autorizado por la ATT para los próximos 180 días.

La medida fue calificada como “inevitable” por el regulador para evitar el colapso del sistema aeronáutico nacional, mientras críticos advierten que convierte el transporte aéreo en un lujo inaccesible.

Por qué importa: El tarifazo reabre el debate sobre el rol del Estado como regulador y protector de los derechos de los usuarios en un contexto de fragilidad económica y de una evidente crisis económica de la estatal BoA, tras varios años de mal manejo.

La medida impacta directamente la conectividad del país, especialmente en regiones alejadas donde volar se vuelve cada vez menos accesible.

Los números: El ajuste tarifario refleja incrementos diferenciados según la ruta, con un promedio nacional del 33,25%.

Rutas más costosas: La Paz-Puerto Suárez (Bs 1.668), La Paz-Cobija (Bs 1.552), La Paz-Trinidad (Bs 1.355).

Nuevas rutas incorporadas: La Paz-Uyuni (Bs 1.445), Trinidad-Riberalta (Bs 1.020), Trinidad-Guayaramerín (Bs 1.004).

Tarifas más bajas: Cochabamba-Puerto Suárez (Bs 536), Cochabamba-Sucre (Bs 539), La Paz-Cochabamba (Bs 554).

Incremento del combustible, según la ATT: jet fuel subió 287,7% (de Bs 2,77 a Bs 10,74), gasolina de aviación 131,3%, querosene 206%.

El problema de fondo: La ATT justifica el ajuste señalando que varias tarifas permanecían congeladas desde 2005, 2013 y 2015, mientras los costos operativos aumentaron sostenidamente.

El factor determinante fue la eliminación de la subvención al combustible de aviación mediante los Decretos Supremos 5516 y 5503.

Estado de BoA: La aerolínea estatal concentra la mayor parte del mercado doméstico pero opera con una flota reducida: de entre 20 y 23 aeronaves disponibles, solo 12 están actualmente en servicio.

Aunque la gerencia de la empresa prevé alcanzar 14 aviones operativos hasta febrero, la oferta sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda.

Qué dicen: El ajuste generó reacciones inmediatas desde múltiples sectores cuestionando el impacto económico y social.

Carlos Ágreda (ATT): “Con un incremento del 288% (del jet fuel), no se podía mantener las tarifas anteriores”.

Adrián Vega (exdiputado): Advierte que los nuevos precios podrían convertir a Tarija en una “isla aérea”.

Samuel Doria Medina: “El combustible de los aviones nunca estuvo subvencionado. Volar de La Paz a Riberalta cuesta (ahora), proporcionalmente entre 2,2 y 5,6 más que viajar de La Paz a Lima y a Madrid”, cuestionó en su cuenta de X.

Alejandro Reyes (diputado): “El aumento ha convertido al transporte aéreo en un lujo”.

María Benavides (Cabotur): Los precios son “bastante elevados” y podrían reducir la demanda turística.

Gonzalo Chávez (analista económico): “La última genialidad del regulador fue subir precios sin introducir competencia, una especie de “rescate emocional” pagado, claro, por contribuyentes y pasajeros cautivos. La idea es salvar a BoA, pero no mejorándola, sino cobrándonos más: socializar pérdidas y privatizar molestias”.

Los cívicos cruceños convocaron a la ATT a una reunión este miércoles para tratar el tema de las nuevas tarifas.

El presidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, dijo que se sabe lo difícil de la situación en el país, “pero también sabemos que en esto hay responsables y hay que saber a cabalidad quiénes son, cuál es su grado, pero sobre todo cómo se puede solucionar este problema”.

La diputada del PDC, Claudia Bilbao, informó que su bancada está enviando una petición de informe a la ATT, “porque no ha subido la gasolina que se usa para los aviones”.

Entre líneas: La Tarifa Máxima de Referencia fijada por la ATT dejó de funcionar como un techo excepcional y se consolidó como el precio real del mercado, en un sistema altamente concentrado y con competencia limitada.

Según la autoridad de la ATT, BoA y Ecojet consideran que el ajuste aprobado es incluso insuficiente para garantizar una operación normal.

Sí, pero: El mandato institucional de la ATT establecido en las Leyes 164 y 165 prioriza la protección de los derechos de los usuarios y la reducción de la exclusión social.

Sin embargo, la Resolución 2/2026 pone el énfasis en la sostenibilidad financiera y la continuidad operativa del sistema, profundizando potencialmente las brechas territoriales, por encima de los derechos de los usuarios.

Qué sigue: La ATT anunció la instalación de mesas técnicas con los ministerios de Hacienda, Hidrocarburos y Obras Públicas para reevaluar el esquema tarifario.

En este contexto, vuelven al debate propuestas como la conversión de BoA en una empresa de capital mixto y la aprobación de una Ley de Cielos Abiertos (PL-093/25) que permitiría el ingreso de nuevos operadores y mayor competencia.

“El primer paso sensato sería privatizarla o, al menos, convertirla en capital mixto; el segundo, abrir la competencia en serio en el mercado de la aeronavegación”, publicó ayer el analista económico Gonzalo Chávez en redes sociales.