El Post

Lo esencial: Existen al menos 10 observaciones técnicas, económicas y legales a los polémicos contratos de litio acordados por el gobierno de Luis Arce con empresas de China y Rusia.

Pese a estos cuestionamientos, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, anunció a Reuters que el nuevo Gobierno respetará dichos acuerdos.

Por qué importa: Los contratos anunciados con Uranium One (Rusia) y CBC (China) han sido seriamente cuestionados por las grandes ventajas ofrecidas a estas empresas y el enorme riesgo y escasa ganancia para el Estado boliviano.

No obstante, el Gobierno dice que busca enviar un “mensaje de previsibilidad y confianza” a inversionistas internacionales.

Las declaraciones: En entrevista con Reuters el 16 de enero de 2026 y publicada el 19 del mismo mes, Medinaceli justificó la decisión con declaraciones contundentes:

“Nuestros contratos serán respetados”, refiriéndose tanto a acuerdos de hidrocarburos como de litio.

“La ideología no pone comida en la mesa; no podemos, por celo ideológico o geopolítico, actuar de otra manera”.

“Estas son empresas que invirtieron dinero aquí. Ahora debemos encontrar la manera de avanzar dentro del marco del contrato firmado”.

Las 10 observaciones principales: Diversas instituciones especializadas han desarrollado un listado de críticas de fondo al contenido de estos acuerdos:

Regalías insuficientes: Potosí exige entre 11% y 12% de regalías, mientras lo estipulado es apenas 3%.

Falta de transparencia: Los acuerdos con las empresas se negociaron sin difundir textos completos ni anexos.

Dependencia tecnológica: La tecnología de Extracción Directa de Litio no es de dominio estatal, dejando a Bolivia bajo control operativo extranjero por décadas.

Condiciones “leoninas”: El Estado se compromete a devolver inversión y costos operativos mediante producción, incluso si genera pérdidas.

Impacto ambiental: No existen estudios robustos ni públicos sobre impacto hídrico en el Salar de Uyuni.

Sin consulta previa: Se omitió el derecho constitucional de comunidades indígenas y campesinas.

Sin estudios de prefactibilidad: No se demostró técnicamente si los proyectos generarán ganancias o pérdidas.

Dudas sobre experiencia: Las empresas no habrían demostrado experiencia previa industrial en tecnología EDL.

Incongruencias en costos: El contrato ruso presenta costos por tonelada significativamente más altos que el chino.

Ilegalidad: Los contratos no han sido ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Quiénes cuestionan: Las críticas provienen de un bloque multisectorial que incluye:

Fundaciones técnicas: Jubileo, Milenio, Solón, CEDIB y Club de Ginebra.

Organizaciones cívicas: Comité Cívico Potosinista, Gobernación y Asamblea Departamental de Potosí.

Sectores sociales: Naciones indígenas de los Lípez y comunidades del sudoeste potosino.

Academia: Expertos de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

Entre líneas:

Analistas sugieren que detrás del anuncio de Medinaceli existe desesperación por atraer inversión extranjera inmediata ante la crisis económica.

Se percibe una postura centrista que busca conciliar con el régimen anterior para evitar conflictos políticos internos.

Esto, sin embargo, implica violar promesas de campaña del presidente Rodrigo Paz, que ofreció no refrendar los contratos si no hay consulta previa y asesoramiento de la Universidad Tomás Frías.

Estado actual: Los contratos pasaron por comités de la Cámara de Diputados, pero su tratamiento pleno fue interrumpido y judicializado. Existen recursos pendientes en el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional por falta de estudios ambientales y consulta previa.

Qué sigue:

Se prevé escalada de conflictos sociales en Potosí, donde el Comcipo y comunidades locales advirtieron con movilizaciones si no se revisan los contratos.

Sectores de la opinión pública exigen que Medinaceli se retracte o presente su renuncia por avalar acuerdos considerados perjudiciales para la soberanía nacional.