El Post

Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz y el gobernador Luis Fernando Camacho coordinaron el desalojo de al menos 300 predios ocupados ilegalmente en Santa Cruz, tras declarar guerra a las mafias del tráfico de tierras este jueves 22.

La decisión incluye la intervención total del INRA, el reemplazo del 100% del personal directivo y una auditoría integral de títulos de tierras.

Por qué importa: Los avasallamientos dejaron de ser disputas aisladas para transformarse en estructuras criminales organizadas que afectaron 494 predios en la última década, con 163 nuevos casos solo en 2025 que impactaron 170.000 hectáreas.

La inseguridad jurídica frena inversiones en riego y biotecnología, amenazando el rol de Santa Cruz como motor agroexportador fundamental para la estabilidad nacional bajo el nuevo modelo de “Capitalismo para todos”.

El problema de fondo: La nueva administración, instalada el 8 de noviembre de 2025 tras dos décadas de hegemonía del MAS, identificó al INRA como epicentro de la crisis con una “mafia incrustada” según Klaus Frerking de la CAO.

Se reportaron casos como el “Clan León” y cobros irregulares de hasta 600.000 dólares para saneamiento de tierras.

Los grupos de choque cuentan con logística vehicular, armas de fuego y respaldo institucional infiltrado.

Casos de violencia extrema como el secuestro y tortura en Las Londras del 28 de octubre de 2021.

El detonante: La brutal agresión al cacique chiquitano Ricardo Peña Rojas de 76 años, emboscado por la espalda el viernes 16 de enero de 2026 mientras regresaba a su hogar en la comunidad Virgen de Urkupiña.

Sufrió fractura abierta en un brazo, rotura de ambas muñecas y lesiones en las costillas.

Requirió cirugías de emergencia el lunes 19 de enero.

Generó una resolución indígena que otorgó al Gobierno 48 horas para intervenir.

Los números: El impacto de las tomas ilegales muestra una escalada crítica en Santa Cruz con dimensiones económicas y ambientales devastadoras.

2014-2024: 331 predios afectados (datos históricos acumulados).

Gestión 2025: 163 predios con 170.000 hectáreas afectadas.

Enero 2026 proyectado: 300 predios bajo proceso de desalojo.

2024: Más de 10 millones de hectáreas arrasadas por incendios en Bolivia.

Monte Verde: 807.243 hectáreas quemadas (85% del territorio).

Guarayos: 966.893 hectáreas quemadas (72% del territorio).

Pantanal: 455.560 hectáreas quemadas (63% del territorio).

El plan: El gobierno plantea una transformación del sistema agrario con medidas inmediatas y reformas estructurales para desmontar las redes criminales.

Intervención total del INRA en Santa Cruz ordenada el 21 de enero.

Desalojo de 300 predios con respaldo de la Policía y Fuerzas Armadas.

Plazo de 24 horas para abandono voluntario antes de usar la fuerza pública.

Digitalización total con “Atlas Geovisor” y plataforma de trámites digitales del INRA.

Endurecimiento de penas para cabecillas de mafias.

Certificación de predios libres de conflictos para incentivar la inversión.

Qué dicen: Las autoridades expresaron determinación para enfrentar la crisis agraria con acciones concretas.

Presidente Paz: “Defender lo correcto hoy parece no ser lo correcto, y eso es lo que tenemos que cambiar”.

Gobernador Camacho: “Estamos coordinando para cumplir el plan en las próximas horas, pero no vamos a decir dónde ni cómo”.

Klaus Frerking (CAO): Denunció “mafia incrustada en el INRA y en todas las organizaciones que permiten estas barbaridades”.

El Estado ya no será “la casa de los maleantes” según la nueva consigna gubernamental.

Casos emblemáticos: Las colonias menonitas también sufrieron violencia sistemática con intentos de avasallamiento organizados.

3-5 diciembre 2025: Colonia El Dorado 2 en Santa Rosa de la Roca atacada.

50 personas detenidas confesaron ser reclutadas con engaños.

Dirigentes les instruían usar niños como escudos humanos y cambiarse nombres ante autoridades.

Grupos alegaban que “las tierras les pertenecen por ser bolivianos”.

Entre líneas: Los informes ambientales vinculan directamente las tomas de tierras con los incendios forestales catastróficos, evidenciando que las quemas ilegales se utilizan para consolidar asentamientos en territorios indígenas, donde el impacto fue devastador con pérdidas entre el 63% y 85% de superficie en algunas TCO.

Qué sigue: El gobernador Camacho convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD) para el viernes 30 de enero de 2026 para consolidar acciones.

El éxito dependerá de mantener presión y garantizar presencia estatal permanente en zonas críticas para evitar reocupaciones, siendo crucial la coordinación entre el Ministerio Público y el Tribunal Agroambiental para que las investigaciones no se estanquen.