Ley Antibloqueos profundiza la tensión con apoyo oficial y disidencia interna
El Post
Lo esencial: Bolivia enfrenta una nueva tensión política por el debate de la Ley Antibloqueos, con el diputado Carlos Alarcón proponiendo someter la norma a referéndum nacional mientras el Gobierno respalda su promulgación inmediata.
Por qué importa: La ley marca un punto de inflexión en la relación entre Estado y protesta social, determinando si Bolivia adoptará el endurecimiento penal como herramienta central de control o construirá mecanismos de diálogo para desactivar conflictos.
Estado actual: El proyecto se encuentra en una Comisión Integrada de la Asamblea Legislativa unificando propuestas con penas que van desde tres hasta 20 años de prisión.
El problema de fondo: El marco jurídico actual se basa en disposiciones del Código Penal de 1972 que exigen demostrar “peligro real” o daños concretos para lograr condenas, convirtiendo al bloqueo en una práctica prácticamente impune según los impulsores de la nueva ley.
La apuesta de Alarcón: El diputado propone validar la norma mediante referéndum antes de su promulgación para blindarla institucionalmente: “Aprobaremos la ley en la Asamblea Legislativa y, antes de que el presidente la promulgue, hagamos un referéndum para ver si el soberano está de acuerdo”.
Qué dicen: Las posiciones revelan profundas divisiones sobre el enfoque punitivo.
- José Luis Lupo, ministro de la Presidencia: “El bloqueo dejó de ser un mecanismo democrático para convertirse en un obstáculo al trabajo en libertad”.
- Diego Ávila, presidente del Senado: “La conflictividad permanente deteriora la imagen del país ante inversores y socios comerciales internacionales”.
- Pánfilo Marca, viceministro de Cooperativas Mineras: “La propuesta es injusta. El bloqueo no es la causa, sino el síntoma de una falta histórica de respuestas estatales”.
Los números: Tres proyectos con diferentes penalidades están en debate.
- Lissa Claros propone penas de 3 a 6 años con blindaje legal para la Policía.
- Claudia Mallón eleva las sanciones a entre 8 y 10 años priorizando rutas estratégicas.
- Carlos Alarcón plantea hasta 20 años extendiendo la responsabilidad a dirigentes, organizadores y financiadores.
Entre líneas: La disidencia del viceministro Marca expone una tensión dentro del Ejecutivo entre una visión punitiva del orden público y una lectura más social del conflicto, debilitando la imagen de unidad gubernamental.
Qué sigue: Los legisladores anunciaron un proceso de socialización con organizaciones sociales para buscar consenso mínimo que garantice la aplicabilidad de la norma y reduzca el riesgo de escalada del conflicto.
