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Lo esencial: La Asamblea Legislativa Plurinacional analiza tres proyectos de ley para sancionar bloqueos de vías, con penas de hasta 20 años de cárcel.

El 15 de enero de 2026, el Senado remitió las propuestas a comisiones integradas para tratamiento conjunto, en respuesta a más de 2.000 episodios de bloqueos registrados desde 2010.

Por qué importa: El debate legislativo surge tras los recientes conflictos en El Alto y protestas mineras que dañaron infraestructura en La Paz, buscando trasladar la discusión del ámbito de protesta callejera al análisis jurídico.

La COB y las organizaciones campesinas rechazan las iniciativas por considerarlas una criminalización de la protesta social y se declararon en emergencia.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) defendió el uso de dinamita en movilizaciones y enfatizó ayer que el Legislativo debe pronunciarse sobre el tratamiento del Proyecto de Ley que penaliza los bloqueos.

Los proyectos en análisis: Tres propuestas legislativas abordan la problemática desde distintos enfoques, con variaciones en las penas y mecanismos de aplicación.

Senadora Claudia Mallón (APB-Súmate): Protección de servicios esenciales, penaliza la interrupción del agua potable, los alimentos y la red vial fundamental con 8 a 10 años de cárcel.

Diputado Carlos Alarcón (Alianza Unidad, PL-094/25): Tipifica el bloqueo como delito autónomo, 3 a 6 años para bloqueos básicos y 10 a 20 años para organizadores y financiadores.

Diputada María José Soruco (Alianza Unidad, PL-092/25): Enfoque en prevención del desabastecimiento, propone una acción de protección jurisdiccional de resolución en 24 horas y reconoce la protesta pacífica en áreas habilitadas.

Estado del proceso: Las comisiones de Constitución y Justicia Plural realizan un análisis conjunto tras la aprobación por más de dos tercios del Senado.

El tratamiento incluye la revisión de constitucionalidad, evaluación de proporcionalidad de sanciones y compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos.

Argumentos a favor: Legisladores de distintas fuerzas políticas respaldan las iniciativas señalando impactos económicos y afectación a la seguridad jurídica del país.

La diputada Lissa Claros (Libre) informó que el país en más de 20 días de protestas continuas tuvo impacto en la población de ingresos diarios.

El diputado Manolo Rojas (PDC) y la diputada Julieta Jiménez (Unidad) plantean la necesidad de garantías legales para las fuerzas del orden.

Se destacan daños a infraestructura urbana en La Paz sin mecanismos claros de reparación.

Los sectores productivos de Santa Cruz exigieron al Estado garantizar la libre transitabilidad los 365 días del año y aprobar una Ley Antibloqueos, tras las pérdidas millonarias causadas por los bloqueos que derivaron en la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Oposición de organizaciones sociales: La COB, CSUTCB y Federación Tupaj Katari rechazan las propuestas por considerar que “criminalizan la protesta social”.

Sostienen que el bloqueo es un mecanismo de presión ante la falta de respuesta estatal a demandas sociales.

Advierten que las propuestas afectarían directamente a sectores indígenas y campesinos.

Sectores de la bancada de Alianza Popular anunciaron que no respaldarán las iniciativas, alineándose con la COB.

Qué sigue: La hoja de ruta contempla sesiones conjuntas de las comisiones integradas, convocatoria a mesas de diálogo multisectoriales con participación de la COB, gremios empresariales y organizaciones agropecuarias, y elaboración de un texto unificado para consideración del pleno legislativo en las próximas semanas.