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Lo esencial: El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5519 que crea la Oficina Virtual del Presidente y del Consejo de Ministros, apuntalando la capacidad del mandatario para viajar al exterior y emitir órdenes sin necesidad de ceder el mando total al vicepresidente Edmand Lara.

Por qué importa: Esta medida sella lo dispuesto por el Decreto Supremo 5515 de finales de 2025, proporcionando la infraestructura institucional para que el telegobierno deje de ser una excepción y se convierta en una modalidad de gestión con respaldo administrativo.

El despacho virtual: La Oficina Virtual del Presidente, administrada por AGETIC, funciona como un canal de comunicación oficial y tecnológico permanente con altos estándares de seguridad.

Gestión en tiempo real: Permite al Presidente coordinar con ministerios y presidir reuniones virtuales de gabinete desde cualquier lugar del mundo.

Firma digital y monitoreo: Habilita herramientas digitales para decisiones administrativas y seguimiento de políticas públicas mediante indicadores del CENGOB.

Centralización tecnológica: El decreto dispone la desaparición de la ADSIB, cuyas funciones pasan al control directo del Ministerio de la Presidencia a través de AGETIC.

El debate constitucional: La medida ha profundizado la división entre expertos constitucionalistas sobre la constitucionalidad del telegobierno, cuando el artículo 169 de la Constitución indica que en ausencia del Presidente, el Vicepresidente asume el mando.

El Gobierno ha defendido la tesis de que teniendo Paz tecnología a mano no puede considerarse ausencia.

José Antonio Rivera (a favor): “La ‘ausencia’ mencionada en el artículo 169 de la CPE debe interpretarse en una dimensión funcional, no meramente física. Si el Presidente mantiene interacción en tiempo real mediante tecnología, no existe un vacío de poder”.

Eduardo Rodríguez Veltzé (en contra): Califica el escalamiento de diferencias mediante decretos de “debatible constitucionalidad” como un “despropósito” que pone en riesgo la institucionalidad.

Gonzalo Hidalgo: Advierte que un decreto no puede anular el mandato claro de la CPE sobre la suplencia.

Joadel Bravo: Defiende que la tecnología permite el ejercicio remoto sin violar la ley fundamental.

Qué dicen: Las reacciones políticas muestran una profunda división sobre la medida.

Vicepresidente Edmand Lara: “Rodrigo Paz le mete nomás… ¿Cuándo se ha visto que se pueda gobernar por Internet?” – denuncia una “decretocracia” que busca vaciar de funciones al segundo mandatario.

Viceministro Yamil García: Defiende que “la tecnología redefine el concepto de ‘ausencia’ y garantiza que no existan contradicciones políticas internas que generen inseguridad jurídica”.

Contexto internacional: La consolidación de esta oficina virtual responde a una agenda internacional apretada del presidente Paz.

Primer viaje programado al Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2026.

Viaje a Chile en marzo para la investidura presidencial de José Antonio Kast.

Urgencia de establecer una estructura que evite entregar el mando a un vicepresidente con el que mantiene una abierta ruptura política.

Modelos internacionales: Bolivia intenta emular sistemas de telegobierno presentes en otros países.

Estados Unidos: La sucesión sólo se activa por incapacidad, no por viaje.

Reino Unido y Canadá: El poder reside en el cargo y la gestión remota está normalizada.

Colombia, Perú y México: Países con constituciones que permiten al mandatario viajar sin perder sus atribuciones operativas.

Qué sigue:

El foco se trasladará al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde ya se presentó un recurso de inconstitucionalidad por parte del asambleísta Juan Carlos Iraola.

La justicia constitucional deberá decidir si la oficina virtual y el mando a distancia son una modernización legítima o una vulneración directa de la sucesión presidencial.