El Post

Lo esencial. En medio de una crisis política marcada por la cesión del Gobierno ante las medidas de presión de la Central Obrera Boliviana (COB) que derivaron en la abrogación del Decreto Supremo 5503, el debate sobre la Ley Antibloqueos vuelve a instalarse en la agenda política.

Un proyecto, presentado el 15 de diciembre de 2025 por el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, plantea tipificar el bloqueo de vías públicas como delito, con penas que oscilan entre 3 y 20 años de prisión, según el grado de participación y los daños ocasionados.

Por qué importa. La reciente capitulación del Ejecutivo frente a la presión sindical ha profundizado las críticas sobre la debilidad del Estado para garantizar el orden público, el libre tránsito y la estabilidad económica.

En ese contexto, la Ley Antibloqueos es vista por sectores políticos y productivos como una herramienta urgente para restablecer la autoridad institucional, prevenir el chantaje corporativo y evitar que el bloqueo se consolide como un mecanismo de veto sobre las decisiones gubernamentales.

El contexto político actual. La abrogación del DS 5503, tras una escalada de amenazas y movilizaciones de la COB, dejó al Gobierno cuestionado por “gobernar bajo presión” y sentó —según la oposición— un precedente peligroso: que la protesta coercitiva se imponga sobre el diálogo institucional y la legalidad.

Para varias bancadas opositoras, este episodio demuestra que la ausencia de un marco legal claro frente a los bloqueos debilita al Estado y castiga a la población civil, que sufre las consecuencias económicas y sociales de estas medidas.

Qué propone la Ley Antibloqueos. El proyecto busca cambiar de raíz el tratamiento jurídico del bloqueo de carreteras y calles, estableciendo que no se trata de un derecho constitucional, sino de un delito cuando vulnera derechos de terceros.

Tipificación del delito: El bloqueo de vías públicas deja de ser considerado una forma legítima de protesta y pasa a ser sancionado penalmente.

Penas diferenciadas:

3 a 6 años de prisión para quienes ejecuten bloqueos.
5 a 8 años para organizadores, promotores o financiadores.
Hasta 20 años en casos de violencia, daños graves, desabastecimiento o afectación a servicios esenciales.

Responsabilidad civil solidaria: Los involucrados deberán responder por los daños económicos causados a personas y empresas.

Garantías para las fuerzas del orden: Policías y militares que actúen conforme a la ley contarían con respaldo jurídico frente a eventuales procesos penales o administrativos.

Una propuesta similar en el Senado. El debate no se limita a la Cámara de Diputados. En el Senado, la legisladora Claudia Mallón, de la bancada APB-Súmate, presentó un proyecto de ley orientado a endurecer las sanciones por el bloqueo de caminos y carreteras mediante la modificación del artículo 213 del Código Penal.

La propuesta de Mallón plantea penas de entre 8 y 10 años de cárcel para quienes incurran en este tipo de medidas de presión, bajo el argumento de que los bloqueos vulneran derechos fundamentales como la libre circulación, el derecho al trabajo y el normal funcionamiento de la economía nacional.

La senadora sostiene que la Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero no el derecho a bloquear vías, por lo que considera necesario dotar al Estado de herramientas legales para intervenir y sancionar estas acciones.

Estado de la iniciativa en el Senado. El proyecto ya fue presentado y comenzó a ser analizado en la Comisión de Derechos Humanos y Política Social de la Cámara de Senadores, aunque su tratamiento permanece detenido debido a diferencias políticas internas, lo que ha impedido que llegue al pleno para su debate y votación.

Al igual que la Ley Antibloqueos en Diputados, la iniciativa ha generado críticas de organizaciones como la COB, que la califican como una criminalización de la protesta social.

Respaldo desde las bancadas políticas. Desde Unidad, el diputado Carlos Alarcón sostiene que la norma es una respuesta directa al “vacío de autoridad” evidenciado tras el conflicto con la COB.

“No se puede gobernar un país donde el bloqueo sea más fuerte que la ley. Esta norma protege a la ciudadanía, no criminaliza la protesta pacífica”, señalan desde esa bancada.

Qué dice la bancada del PDC: Coincide en que el momento político hace impostergable la aprobación de la ley.

Legisladores de ese frente advierten que la economía nacional y la seguridad alimentaria no pueden seguir siendo rehenes de presiones sectoriales.

“La protesta no puede convertirse en un mecanismo de extorsión al Estado. El libre tránsito es un derecho de todos”, afirman.

Desde Libre, el respaldo también es explícito. Sus legisladores sostienen que el retroceso del Gobierno frente a la COB demuestra la necesidad de reglas claras y sanciones efectivas.

“Si el Estado no pone límites, los bloqueos se normalizan y la democracia se degrada. Esta ley es una señal de que Bolivia necesita orden y previsibilidad”, señalan.

Los argumentos a favor. Quienes impulsan la ley destacan varios beneficios:

Protección del libre tránsito: Garantiza el desplazamiento de personas, alimentos, combustibles y medicamentos.
Defensa de la economía: Sectores productivos y exportadores alertan sobre millonarias pérdidas por bloqueos prolongados.
Restablecimiento del orden público: Promueve que los conflictos se canalicen por vías institucionales y no por la fuerza.
Fortalecimiento del Estado: Evita que decisiones de política pública sean anuladas mediante presión callejera.

Las críticas y el debate abierto. Organizaciones sindicales y campesinas, como la CSUTCB, rechazan la iniciativa al considerar que criminaliza la protesta social.

También se plantean observaciones sobre su compatibilidad con derechos constitucionales como la libertad de expresión y manifestación.

Sin embargo, desde la oposición se responde que ningún derecho es absoluto, y que cuando una protesta vulnera derechos fundamentales de terceros —salud, trabajo, alimentación— el Estado tiene la obligación de intervenir.

Estado actual del proyecto. La Ley Antibloqueos se encuentra en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, donde aún no ha sido debatida formalmente.

Legisladores de Unidad adelantaron que insistirán en su tratamiento prioritario, argumentando que la coyuntura actual demuestra su urgencia.

La conclusión. El retroceso del Gobierno ante la presión de la COB reabrió un debate de fondo: quién manda en Bolivia, la ley o la presión corporativa.

En ese escenario, la Ley Antibloqueos —junto a iniciativas similares en el Senado— emerge como una propuesta que busca restablecer el equilibrio entre el derecho a protestar y la obligación del Estado de proteger a la mayoría de la población.

Su aprobación o rechazo no solo definirá el futuro de las movilizaciones sociales, sino también el alcance real de la autoridad estatal en un país marcado por conflictos recurrentes y decisiones políticas condicionadas por la calle.