Edwin Vladimir Condori Herrera
Foto: APG
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El caso EPCoro y el patrón de debilidad en el control de las empresas públicas

El Post

Lo esencial: La Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro (EPCoro) es investigada por un desfalco de Bs 123 millones ocurrido en sus primeros meses de funcionamiento, ejecutado mediante coacción a funcionarios y entregas de dinero en efectivo sin respaldo documental.

Por qué importa: El caso expone un patrón recurrente de debilidad institucional en la administración de empresas estatales bajo las gestiones del MAS, donde la supervisión política y los mecanismos internos de control resultaron insuficientes para prevenir daños económicos de gran magnitud.

El contexto: EPCoro fue creada en marzo de 2024 mediante Decreto Supremo 5134 como filial de Comibol, con un capital inicial de Bs 102,9 millones del Tesoro General de la Nación. 

  • Su mandato era comprar oro en el mercado interno y canalizarlo hacia el Banco Central para reforzar las Reservas Internacionales.

Los hechos: La Fiscalía estableció que el esquema de desfalco operó principalmente entre septiembre y octubre de 2024.

  • Cinco funcionarios declararon que fueron coaccionados para autorizar desembolsos millonarios.
  • Las entregas individuales oscilaron entre Bs 1 millón y Bs 56 millones en una sola operación.
  • Al menos Bs 89 millones carecen de respaldo documental.

Qué dicen: Las advertencias sobre irregularidades en EPCoro fueron públicas desde diciembre de 2024.

  • La entonces senadora Andrea Barrientos, hoy viceministra de Autonomías, denunció presuntos esquemas de lavado de oro ilegal.
  • Barrientos señaló pérdidas derivadas de comprar oro a precios superiores al mercado internacional y venderlo al Banco Central a valores más bajos.
  • Las autoridades de la empresa rechazaron las acusaciones y aseguraron que sus operaciones se regían por la cotización internacional.

Entre líneas: El desfalco fue posible por la inexistencia de controles básicos como doble firma, segregación de funciones, auditorías oportunas y mecanismos de alerta temprana en una empresa que manejaba recursos públicos de alto volumen.

Qué sigue: El Ministerio Público abrió un proceso penal por conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación. 

  • El exgerente Edwin Vladimir Condori Herrera fue aprehendido y la Fiscalía solicitó medidas cautelares incluyendo anotación preventiva de bienes y congelamiento de cuentas bancarias.

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