El Post

Lo esencial: El Estado desplegó fuerzas policiales el 5 y 6 de enero para desalojar la vigilia de comunarios que impedían el ingreso de Petrobras al proyecto de perforación exploratoria en Tariquía (Tarija), marcando un quiebre definitivo en el conflicto por esa Reserva Nacional de Flora y Fauna.

Por qué importa: El mismo Estado que por ley protege una de las principales fuentes de agua y biodiversidad del sur boliviano ahora despliega su fuerza pública para garantizar el avance de un proyecto hidrocarburífero, exponiendo una paradoja que tensiona al país.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesus Gira, convocó ayer miércoles a una marcha en defensa de la Reserva.

Poco después, el presidente Rodrigo Paz negó que su gobierno haya autorizado el desarrollo de pozos gasíferos dentro de la reserva.

Dijo que sectores políticos utilizan el tema ambiental con fines electorales.

“La consigna es clara: Tariquía no se toca” dijo el presidente del Comité Cívico tarijeño, Jesus Gira.

El desenlace de esta disputa definirá el futuro de un área protegida clave.

El punto de quiebre: El 5 de enero, un convoy de al menos 13 vehículos de Petrobras, escoltado por cerca de 40 efectivos policiales, avanzó hasta inmediaciones del pozo Domo Oso X-3, en la zona de Quebrada Las Vacas del cantón Chiquiacá.

La Policía despejó un punto de resistencia en medio de escenas de alta tensión.

Mujeres y ancianos formaban parte de la protesta de comunarios que fue desalojada.

“No hay ninguna autoridad que nos defienda”, dijo una comunaria entre lágrimas mientras la vigilia era desmantelada.

La intervención trasladó el conflicto del debate público al terreno de los hechos y dio paso a una batalla judicial.

La disputa sobre la ubicación: Persiste la discrepancia sobre la ubicación del pozo. El Gobierno y la empresa sostienen que el DMO-X3 se encuentra fuera de los límites de la reserva.

Comunarios y defensores ambientales aseguran que la reserva está en el ingreso o en las inmediaciones del área protegida.

Su principal preocupación es que, aun si la plataforma estuviera fuera del polígono oficial, el proyecto afectará las cabeceras de las fuentes de agua que nacen dentro de Tariquía y abastecen a toda la región.

De la protesta al banquillo: Tras los operativos policiales, el conflicto ingresó de lleno al ámbito penal.

Entre 16 y 17 comunarios de Chiquiacá Norte, Chiquiacá Sud, Loma Alta y Pampa Redonda, además de un concejal de la provincia O’Connor, fueron imputados.

Los delitos incluyen: asociación delictuosa, atribuirse derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo.

Las denuncias fueron impulsadas por YPFB y Petrobras Bolivia, que se declararon “víctimas”.

El choque de las leyes: El caso expone una contradicción estructural del Estado boliviano con normas de protección ambiental enfrentadas a un entramado legal que respalda el proyecto petrolero.

El gobernador Óscar Montes señala que ingresar a Tariquía “es violar la ley” y recuerda la normativa específica que obliga al Estado a impedir cualquier intervención.

El Gobierno central y las empresas se amparan en el Decreto Supremo 3107 de 2017, el contrato de servicios petroleros firmado en 2018 y la Ley 1049.

El resultado es un punto muerto jurídico que deja a las comunidades atrapadas en un fuego cruzado.

Promesas incumplidas: Los comunarios recuerdan que en 2019, cuando el presidente Rodrigo Paz Pereira era alcalde de Tarija, apoyó públicamente la defensa de Tariquía y firmó un acta comprometiéndose a proteger la reserva.

Hoy, esas promesas contrastan con el despliegue policial y los procesos penales.

La dirigente Nelly Coca acusa al Gobierno de promover divisiones internas mediante ofertas de empleo y beneficios para debilitar la resistencia.

Una licencia bajo cuestionamiento: La licencia ambiental del proyecto presenta irregularidades, según los opositores.

Fue emitida el 10 de julio de 2025, pero publicada recién en septiembre.

Ya había vencido el plazo legal de 10 días para presentar impugnaciones cuando se publicó.

Según Jorge Campanini, del CEDIB, este retraso dejó a las comunidades en indefensión.

En octubre de 2024, las 10 comunidades del cantón Chiquiacá rechazaron el proyecto en una consulta interna, decisión que fue ignorada.

El respaldo internacional: Mientras la justicia boliviana avanza con procesos penales, en el plano internacional se impone otra lectura.

En marzo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció a los comunarios de Tariquía como defensores ambientales.

La CIDH recomendó al Estado evitar su criminalización.

En informes posteriores, la CIDH volvió a citar el caso como ejemplo de persecución indebida contra quienes defienden el medio ambiente.

Qué sigue: Mientras Petrobras y la Policía controlan el terreno para iniciar la exploración, el conflicto se mantiene “en un punto muerto” de alta tensión social donde las comunidades, aunque desplazadas físicamente, mantienen su lucha en los estrados judiciales y el foro internacional.

El caso se ha transformado en una prueba de fuego para el Estado boliviano sobre su capacidad de conciliar desarrollo económico, protección ambiental y derechos comunitarios, en coherencia con su Constitución y con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.