El Post

Lo esencial: Tres semanas después de aprobarse el decreto 5503, el discurso de la COB y sectores en conflicto se desplaza de la preocupación por el costo de vida a un debate sobre la soberanía de los recursos naturales y la atracción de inversiones extranjeras.

Los precios en mercados y transporte parecen haberse ajustado de facto, y gran parte de la población optó por la adaptación a la nueva realidad económica.

Por qué importa: La COB mantiene marchas y bloqueos pero con un discurso renovado: la defensa de los recursos naturales frente a lo que califica como un modelo de “entreguismo”.

Plantea aprobar un decreto exclusivo para la subvención de combustibles y los tres bonos sociales.

Exige dejar el resto de artículos (incluyendo el de los recursos naturales) para debate democrático en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El dilema de fondo: El corazón de la controversia se encuentra en el Capítulo II del DS 5503, que establece un régimen para promover inversiones en sectores estratégicos.

Artículo 6: Crea un Régimen Extraordinario de Promoción y Protección de Inversiones para garantizar seguridad jurídica y trato no discriminatorio.

Artículo 9: Otorga estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años, impidiendo que futuros cambios normativos afecten a inversionistas sin su consentimiento.

Artículo 10: Define como sectores estratégicos prioritarios la minería, hidrocarburos, energía (incluyendo litio y tierras raras), agroindustria e infraestructura.

Mecanismo “Fast Track”: Impone plazos de hasta 30 días para aprobación de proyectos; sin respuesta de la autoridad, se aplica el silencio administrativo positivo.

Qué dicen: Las posturas están completamente enfrentadas sobre la naturaleza del decreto.

La COB: Los artículos son inconstitucionales (identifican fallas en 101 artículos) y denuncian que la norma “rifa” los recursos estratégicos al capital transnacional sin control parlamentario previo. El “Fast Track” elimina la posibilidad de realizar consultas previas a pueblos indígenas y estudios ambientales serios.

El Gobierno: Ratifica que el 5503 no vende los recursos naturales y que el Estado mantiene su propiedad. El objetivo es allanar el camino a la inversión extranjera. La agilización de plazos busca evitar corrupción y burocracia en la ALP, pero niegan que se vaya a omitir la consulta previa o el control legislativo final de los contratos.

Entre líneas: Los analistas presentan visiones contrapuestas que alimentan el debate sobre si los artículos buscan atraer inversiones o constituyen entreguismo.

Pros: Algunos economistas sugieren que el decreto podría estabilizar variables macroeconómicas si logra atraer capitales de forma transparente para reactivar sectores estratégicos.

Contras: Expertos constitucionalistas advierten que el decreto invade facultades de la ALP al permitir que el Ejecutivo firme contratos de interés público que la Constitución reserva al Legislativo (Art. 158 de la CPE).

Impacto socioambiental: Organizaciones como la Contiocap y especialistas ambientales señalan que el decreto debilita la función del Estado como garante de derechos, trasladando los riesgos ambientales y sociales a las comunidades indígenas.

Qué dicen:

• Mario Argollo (Ejecutivo de la COB): “Si el decreto contiene errores, estos se pueden remediar… los otros puntos deberían ser tratados de forma democrática por el Legislativo”.

• Christian Andrés Morales (Viceministro del Tesoro): “El decreto 5503 no vende los recursos naturales del país… No vamos a dar un paso atrás”.

• Andrea Barrientos (Viceministra de Autonomías): “La norma no plantea, bajo ninguna circunstancia, que se va a omitir la consulta previa o que se saltará la Asamblea Legislativa”.

• Rolando Terrazas (Economista e investigador): “La economía boliviana no necesita improvisación ni dogmas. Necesita reglas claras, explicaciones honestas y decisiones que puedan sostenerse en el tiempo”.

• Vocero de Contiocap (Organización indígena): “La aplicación de la norma significa pérdida de soberanía territorial… no habrá límites para las inversiones extractivistas”.

• Gabriel Espinoza (Ministro de Economía): Calificó como una “narrativa política” la idea de que el decreto entrega recursos naturales.

Estado actual:

El Gobierno ha instalado seis mesas técnicas de trabajo para abordar el análisis del decreto.

Aunque en estas mesas se discuten aspectos técnicos y posibles derogaciones parciales, la COB abandonó recientemente el diálogo exigiendo la abrogación total antes de retomar las conversaciones.

Hasta la fecha, el resultado ha sido un desdoblamiento del conflicto: mientras en las mesas se negocia la redacción normativa, en las calles impera un discurso simbólico sobre la soberanía.

Qué sigue: