DS 5503 ante el TCP: demandas que ponen a prueba el plan económico de Paz
El Post
Lo esencial: El Tribunal Constitucional Plurinacional analiza dos demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503, que implementa el plan de choque económico del gobierno de Rodrigo Paz.
Por qué importa: El fallo definirá no sólo la vigencia del plan económico del Gobierno, sino también los límites del poder del Ejecutivo para gobernar por decreto en situaciones de emergencia.
El contexto de emergencia: El DS 5503 se sustenta en un diagnóstico de crisis multidimensional con indicadores alarmantes.
- Déficit fiscal promedio del 7,2% del PIB entre 2019 y 2023.
- Reservas internacionales prácticamente agotadas.
- Política monetaria expansiva que alimentó presiones inflacionarias.
- Contrabando de hasta el 30% de los carburantes subvencionados.
- Redes de corrupción en YPFB y la Aduana Nacional.
Los demandantes: Dos acciones paralelas convergen en cuestionamientos jurídicos contra el decreto.
- Asambleístas Juan Carlos Irahola y Nelly Pinto: Argumentan que el decreto invade atribuciones exclusivas de la ALP, especialmente la facultad de contraer créditos mediante mecanismo “Fast Track” y comprometer recursos naturales sin autorización legislativa.
- Senador Wilder Véliz (PDC): Presenta acción de inconstitucionalidad abstracta centrada en que el artículo 3 del decreto establece “aplicación preferente”, colocándolo por encima del bloque de constitucionalidad.
Los ejes del debate constitucional: Las demandas plantean tres argumentos que el TCP deberá analizar.
- Violación de jerarquía normativa: La “aplicación preferente” del DS 5503 rompería el principio de que ninguna norma infraconstitucional puede prevalecer sobre la Constitución.
- Usurpación de funciones legislativas: El artículo 322 de la CPE exige autorización expresa de la ALP para contratación de créditos públicos.
- Lesión de derechos fundamentales: El levantamiento de subsidios podría afectar derechos económicos y sociales, impactando el costo del transporte y el poder adquisitivo.
Entre líneas: Desde una lectura estrictamente jurídica, los cuestionamientos vinculados a la jerarquía normativa y a la invasión de competencias legislativas son sólidos.
- Los tribunales constitucionales suelen ser particularmente rigurosos cuando se trata de preservar la estructura del Estado de Derecho y el equilibrio entre poderes, incluso en contextos de emergencia.
Sí, pero: El TCP deberá ponderar la excepcionalidad invocada por el Ejecutivo frente a los límites constitucionales que no admiten suspensión.
- Aunque está obligado a fallar en derecho, el impacto de su decisión sobre la gobernabilidad y la estabilidad económica será inevitablemente considerado, añadiendo una capa adicional de complejidad al análisis.
La conclusión: El fallo del TCP marcará un precedente estructural que delimitará hasta dónde puede llegar un Ejecutivo cuando gobierna por decreto en nombre de la emergencia, definiendo no sólo la vigencia del DS 5503 sino el equilibrio de poderes en momentos críticos.
