El Post

Lo esencial: Las liberaciones casi simultáneas de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari en 2025 cerraron uno de los capítulos más polémicos de la justicia boliviana reciente, tras años de detención durante el gobierno del MAS.

Por qué importa: Los procesos judiciales contra la ex presidenta y los líderes cívicos se convirtieron desde 2021 en el eje de una disputa política y jurídica.

Para el MAS, las causas respondían a la necesidad de sancionar el llamado caso “golpe de Estado”.

Para la oposición y organismos de derechos humanos, fueron la evidencia de la judicialización de la política.

Contexto: Entre 2021 y 2022, bajo el gobierno de Luis Arce, los tres fueron aprehendidos y sometidos a detenciones preventivas prolongadas.

En 2025, una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia abrió la puerta a su liberación, coincidiendo con la derrota electoral del MAS y el inicio de un nuevo ciclo político encabezado por Rodrigo Paz.

Los hechos: Las detenciones siguieron un patrón similar de encarcelamiento preventivo prolongado con múltiples acusaciones.

Jeanine Áñez: Aprehendida el 12 de marzo de 2021, condenada a 10 años en junio de 2022 por el llamado caso “Golpe de Estado II”, con al menos otros nueve procesos en su contra.

Marco Antonio Pumari: Detenido el 10 de diciembre de 2021, acusado por el llamado caso “Golpe de Estado I” y la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.

Luis Fernando Camacho: Capturado el 28 de diciembre de 2022, el gobernador cruceño estaba acusado por el llamado caso “Golpe de Estado I” y otros.

El punto de quiebre: En agosto de 2025, el TSJ presidido por Romer Saucedo emitió el instructivo 18, que ordenaba a los tribunales revisar en 24 horas la legalidad y plazos de las detenciones preventivas.

El 26 de agosto, un tribunal paceño levantó las medidas cautelares: Pumari recibió libertad pura y simple y Camacho pasó a arresto domiciliario con permisos laborales. Ambos salieron el 29 de agosto.

La anulación decisiva: El 5 de noviembre de 2025, el TSJ anuló la sentencia del caso “Golpe de Estado II” por siete votos contra dos y ordenó la excarcelación inmediata de Jeanine Áñez.

Tras cuatro años y ocho meses en prisión, la ex presidenta salió del penal de Miraflores, calificando su proceso como un juicio político.

“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”, declaró Áñez al recuperar su libertad.

Qué dicen: Las liberaciones reavivaron el debate sobre la independencia judicial con posiciones encontradas.

Carlos Saavedra, analista: Los fallos de 2025 reflejan el “derrumbe político” del oficialismo y un reacomodo del poder judicial.

El MAS calificó las decisiones como un retroceso en la búsqueda de justicia por los hechos de 2019.

Abogados defensores y activistas de Derechos Humanos sostienen que los procesos evidenciaron una justicia utilizada como herramienta política.

Entre líneas: La cronología muestra un patrón difícil de ignorar: detenciones preventivas prolongadas bajo un gobierno duramente criticado por su injerencia en la justicia.

El episodio dejó al descubierto la fragilidad del sistema judicial boliviano y la urgencia de una reforma estructural.

Qué sigue: Los tres liberados retomaron la escena pública con agendas diferenciadas.

Camacho volvió a la Gobernación de Santa Cruz y busca la reelección con Zvonko Matkovic como vicegobernador.

Pumari regresó a Potosí reivindicando su lucha cívica.

Áñez retorno a su tierra (Trinidad), no descarta volver a la actividad política y anuncia acciones legales contra Evo Morales y Luis Arce.

La conclusión: Varios analistas coinciden en que el nuevo ciclo político enfrenta el desafío de romper la lógica de una justicia percibida como “látigo del poder” para evitar que vuelva a ser el escenario donde se diriman las disputas políticas del país.