Retiro de subsidios y bonos: el Estado ahorra $us 3.500 millones y gasta $us 650 millones
Lo esencial: El Estado boliviano ahorrará aproximadamente $us 3.500 millones anuales tras eliminar la subvención a los combustibles mediante el Decreto Supremo 5503, pero invertirá al menos $us 650 millones en compensaciones sociales e incentivos tributarios, dejando un margen fiscal neto superior a los $us 2.800 millones.
Por qué importa: Esta reconfiguración de las finanzas públicas permitirá reducir el déficit fiscal —esperado en 12% para este año— en 1 o 2 puntos porcentuales en 2025, con proyección de descenso hasta 6% u 8% para 2026, recursos que podrán destinarse a inversión productiva.
Los números: El esquema de compensación contempla dos componentes principales con montos específicos.
- Gasto social: $us 475 millones para aumentos de bonos.
- Incentivos tributarios: $us 150 millones que dejará de percibir el Estado (cálculo de especialistas).
- Ahorro neto para el Estado: Más de $us 2.800 millones anuales.
El plan: El paquete de compensación social se estructura en medidas concretas para sectores vulnerables.
- Renta Dignidad aumenta de Bs 350 a Bs 500.
- Bono Juancito Pinto sube de Bs 200 a Bs 300.
- Creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) para sectores sin ingresos fijos.
- “Perdonazo” tributario y regímenes simplificados para pequeños contribuyentes.
- Incentivos para inversión y regularización de capitales.
Qué dicen: Economistas consultados coinciden en el impacto positivo pero advierten riesgos.
- Germán Molina: Destaca que la medida envía señales de “saneamiento de la economía” y corrección de equilibrios, postura recibida positivamente por organismos internacionales y el Departamento de Estado de EEUU.
- Fernando Romero: Califica el paquete como “ajuste económico integral”, pero advierte que el éxito dependerá de la capacidad institucional para implementar compensaciones efectivas y monitoreo permanente de precios
Sí, pero: La modificación de precios de hidrocarburos conlleva inflación inmediata y aumento en costos logísticos con impacto social regresivo.
- Otros riesgos incluyen posible percepción de injusticia tributaria para quienes ya cumplen obligaciones, peligro de blanqueo de capitales y potencial pérdida de poder adquisitivo por congelamiento salarial en el sector público.
Entre líneas: El Gobierno busca atraer inversión nacional y extranjera, fortalecer las reservas internacionales mediante repatriación de capitales y mejorar la disciplina fiscal al prohibir el financiamiento del Banco Central a empresas públicas, señales de un cambio estructural en el manejo económico.
