Dos proyectos de ley reabren el debate sobre penalizar los bloqueos
Lo esencial: La Asamblea Legislativa debate dos proyectos de ley distintos que buscan penalizar los bloqueos de carreteras con penas de hasta 20 años de prisión, mientras generan fuerte rechazo de organizaciones campesinas.
- Las propuestas, presentadas por la senadora Claudia Mallón (Súmate) y el diputado Carlos Alarcón (Unidad), están en análisis en sus respectivas cámaras.
Por qué importa: Los bloqueos causaron pérdidas por más de 1.000 millones de dólares en 2023, con entre 180 y 211 días de interrupciones viales que generaron desabastecimiento y alteraciones de precios.
- El debate enfrenta el derecho constitucional a la protesta con la protección de la libre circulación y el impacto económico.
- En periodos de paralización intensa, la economía nacional podría perder entre 50 y 60 millones de dólares diarios.
Los proyectos: Ambas iniciativas buscan tipificar el bloqueo como delito, pero con diferencias significativas en alcance y penas.
- Proyecto Mallón (Senado): Modifica el artículo 213 del Código Penal con penas de 8 a 10 años de prisión. En análisis por la Comisión de Derechos Humanos y Política Social.
- Proyecto Alarcón (Diputados): Crea la “Ley Antibloqueos” como delito autónomo con penas de hasta 20 años acumulables con otros delitos. Contempla garantías para intervención de Policía y Fuerzas Armadas.
- Alarcón afirmó que “todos los bloqueos son delitos, sin distinción de origen o motivación”.
Los números: El impacto económico es el principal argumento de los promotores de las leyes.
- 2023: Entre 180 y 211 días con bloqueos de carreteras según el IBCE.
- Pérdidas totales: Más de 1.000 millones de dólares en turismo, industria y comercio.
- Pérdida diaria en paralizaciones intensas: Entre 50 y 60 millones de dólares.
Qué dicen: Las posiciones están fuertemente polarizadas entre quienes defienden la medida como necesaria y quienes la ven como criminalización de la protesta.
- A favor: Los impulsores consideran los bloqueos como una “acción criminal” que debe penalizarse. El diputado Alejandro Reyes (Unidad) propuso penas de hasta 30 años.
- En contra: La Csutcb declaró a Alarcón “enemigo del pueblo campesino” y sostiene que busca silenciar a las “grandes mayorías”.
- La COB: Califica la propuesta como “provocación que criminaliza la protesta social”.
El debate legal: Los argumentos constitucionales dividen las posiciones sobre los límites del derecho a la protesta.
- Argumento pro penalización: El derecho a la protesta no es absoluto. Los bloqueos vulneran la libre circulación (Art. 21.7 CPE) y derechos de terceros como salud y trabajo.
- Argumento anti penalización: El bloqueo es un mecanismo histórico de presión para sectores sin canales de diálogo efectivos. Penas de hasta 20 años son desproporcionadas.
- Riesgo señalado: La falta de definición precisa de “bloqueo” podría permitir aplicaciones arbitrarias contra opositores.
Qué sigue: Ambos proyectos continúan en etapa de análisis en comisiones legislativas sin aprobación en pleno ni promulgación. La Csutcb se declaró en estado de emergencia nacional y advirtió que no descarta tomar acciones si los proyectos avanzan en la Asamblea Legislativa.
