El Post

Lo esencial: El Presupuesto General del Estado (PGE-2026) ingresó en una encrucijada política tras haber sido rechazado por el Senado, pese a haber sido aprobado previamente por Diputados el 17 de diciembre.

El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta ahora tres salidas legales posibles antes del 31 de diciembre.

Por qué importa: El PGE determina la ejecución de inversión pública, la gestión de créditos internacionales y la planificación de municipios y gobernaciones.

La no aprobación o vigencia forzada sin consenso podría generar un bloqueo legislativo, judicialización ante el Tribunal Constitucional y dificultades para financiar nuevos programas estratégicos.

Las causas del rechazo: El PGE-2026 tuvo en el Senado solo 12 votos a favor de 32 legisladores presentes. El freno legislativo responde a cuestiones técnicas y políticas fundamentales.

Tomasa Yarwi, de la bancada de Libre, calificó el documento como “propaganda política” y “una vergüenza” por ser elaborado por la gestión anterior de Luis Arce.

Se argumentó contradicción entre el PGE 2026 y el DS 5503, que dispone el retiro de subvenciones a combustibles.

Se adujo que el presupuesto no refleja el impacto del retiro de subsidios en el financiamiento de empresas estratégicas del Estado.

Los números del PGE-2026: El proyecto rechazado contempla montos significativos, pero con proyecciones preocupantes, según analistas.

Importe total agregado: Bs 377.836.882.810.

Consolidado: Bs 298.331.567.707.

Crecimiento económico proyectado: apenas 0,9%.

Déficit fiscal estimado: más del 10% (el Gobierno actual pretende reducirlo al 7%).

Las tres salidas legales: El Ejecutivo tiene opciones con ventajas y riesgos específicos.

Reformulación y nuevo PGE: Retirarlo, ajustarlo y volver a ingresarlo por Diputados. Ventaja: otorga legitimidad política. Riesgo: proceso lento con concesiones costosas.

Vigencia automática: Por el Art. 158 de la Constitución, si no se aprueba hasta el 31 de diciembre, entra en vigencia el 1 de enero. Ventaja: garantiza continuidad administrativa. Riesgo: altísimo costo político.

Regresar a Diputados: Sólo si el Ejecutivo presenta formalmente una versión con cambios sustanciales. No es automática.

Qué dicen: Las declaraciones reflejan la profunda fractura en el Legislativo sobre el presupuesto.

Tomasa Yarwi (Senadora de Libre): “Es una vergüenza para el país aprobar un presupuesto del MAS y nuestra bancada no lo aprobará”.

José Manuel Ormachea (Senador): “Hay un grupo de parlamentarios del PDC que comprendió que este documento no debía ser aprobado”.

Soledad Chapetón (Unidad): “No me ha satisfecho la información del ministro Espinoza. No hay claridad en su explicación”.

Gabriel Espinoza (Ministro de Economía): “No estamos defendiendo el presupuesto; lo que sí estamos defendiendo es la disposición que nos permitirá reformularlo hasta finales de marzo”.

Qué sigue:

El Ejecutivo tiene hasta el 31 de diciembre para lograr una aprobación legislativa; de lo contrario, se activaría la vigencia automática por plazo constitucional.

Espinoza se comprometió a entregar una versión reformulada hasta finales de febrero de 2026, buscando un reordenamiento presupuestario que cumpla con las nuevas prerrogativas económicas del país.