Consenso político, el gran reto del Gobierno tras el retiro de la subvención

El Post

Lo esencial: Tras promulgar el Decreto Supremo 5503 que elimina los subsidios a los combustibles, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta el gran reto de lograr consenso político para garantizar el éxito de sus medidas y contar con gobernabilidad en su gestión. 

Por qué importa: La falta de consenso político compromete no solo la implementación del decreto, sino también la gobernabilidad general del Ejecutivo. Sin mayoría legislativa, el Gobierno tendrá dificultades extremas para aprobar reformas estructurales.

• Proyectos estratégicos y créditos por más de $us 580 millones (en mesa de debate hasta ahora) podrían quedar paralizados sin presupuesto consolidado.

El costo político inmediato: Las consecuencias políticas del retiro de subsidios se manifestaron en múltiples frentes.

• Rechazo del PGE 2026: El Senado votó contra el presupuesto, una derrota simbólica que refleja la falta de mayoría sólida.

• Amenazas legales: Partidos de oposición plantean presentar recursos de inconstitucionalidad contra el decreto.

• Oposición interna: El vicepresidente Edmand Lara expresó su total rechazo al DS 5503 y exige reconsiderar la medida.

• Conflicto social: El transporte dio ultimátum de 24 horas para derogar la norma; la COB anuncia paro indefinido.

• Alzas inmediatas: En casi todas las ciudades del país el transporte duplicó sus tarifas.

Radiografía del respaldo político: Paz gobierna estos días con un aislamiento parlamentario notable. Su único respaldo formal total y explícito viene de la bancada de Unidad Nacional (UN), liderada por Samuel Doria Medina.

• PDC: El propio partido del presidente marcó distancia; varios legisladores se abstuvieron o votaron contra el PGE 2026.

• Bloques opositores: Libre, APB Súmate y Alianza Popular rechazan categóricamente el decreto y anunciaron presentar proyectos de ley para abrogarlo.

• MAS: Evo Morales calificó la medida como “improvisada” y un golpe a las familias trabajadoras.

Tuto y Libre: Aunque en campaña Jorge “Tuto” Quiroga planteó reformar las subvenciones, ahora lidera una fuerte crítica técnica y política contra la ejecución del Gobierno.

• Quiroga señala que el incremento es “absolutamente inflacionario” y que el Gobierno “engañó a la gente” al no aplicar una transición gradual.

• Propuso proteger al transporte público por al menos un año para amortiguar el golpe.

• Libre califica la medida como un “paquetazo” y denuncia “falta de mecanismos de protección social”.

Riesgos para la gobernabilidad: La falta de mayoría legislativa pone en jaque toda la agenda del Ejecutivo con consecuencias concretas.

• Bloqueo de leyes estructurales: Cualquier reforma tributaria o económica necesaria tendrá dificultades extremas sin negociaciones profundas.

• Créditos internacionales en riesgo: Proyectos por más de USD 580 millones podrían quedar paralizados sin presupuesto.

• Choque de poderes: Riesgo real de que la Asamblea apruebe leyes para revertir o limitar el Decreto 5503.

Qué dicen los analistas: Los expertos apoyan la medida de retiro de subvenciones, pero coinciden en que el Gobierno necesita un cambio urgente de estrategia para evitar el colapso de la gobernabilidad.

• Gonzalo Chávez Álvarez (economista): “El ajuste se implementó sin un acuerdo amplio. La gobernabilidad social y parlamentaria será clave para que el paquete técnico funcione”.

• Carlos Cordero (Politólogo): “Las reformas de alto impacto requieren construcción previa de consensos para evitar que el costo político se multiplique”.

• Ricardo Pereyra (Comentarista): Paz “tomó una decisión impopular, riesgosa y políticamente costosa. En política, eso también cuenta como coraje. Ese gesto importa, mucho”.

Recomendaciones clave: Los analistas proponen acciones concretas para recuperar la iniciativa política.

• Convocar mesas de diálogo multisectoriales.

• Mejorar la narrativa pública explicando el destino del ahorro fiscal.

• Buscar alianzas puntuales con legisladores independientes o sectores moderados.

Qué sigue: 

• El horizonte inmediato estará marcado por la gestión de la conflictividad. 

• El Gobierno deberá demostrar con rapidez que el ahorro generado se traduce en beneficios tangibles para salud y educación.

• Deberá intentar reconstruir una base de apoyo legislativo mínima para evitar un bloqueo total de su gestión en 2026.