El Post

Lo esencial: Varios economistas respaldaron la eliminación de la subvención a los combustibles, medida a la que calificaron de “inevitable” tras años de advertir sobre los riesgos fiscales.

Sin embargo, enfatizan que el éxito depende de aplicar una robusta “red de protección social” para los sectores vulnerables y mantener la gobernabilidad.

Por qué importa: El Decreto 5503 marca un punto de inflexión en el modelo económico boliviano después de 20 años de precios congelados, con aumentos inmediatos del 86% en gasolina especial (de Bs 3,74 a Bs 6,96) y 163% en diésel (de Bs 3,72 a Bs 9,80).

El impacto inflacionario afectará directamente el transporte, alimentos y servicios básicos, presionando especialmente a hogares de menores ingresos.

Contexto: Los economistas habían recomendado durante varios años, tanto a este gobierno como a los anteriores, retirar el subsidio debido a los costos insostenibles y las distorsiones que generaba. Las causas principales del retiro incluyen:

El desgaste de las finanzas públicas y la pérdida de reservas internacionales.

El drenaje de divisas para importación de carburantes.

El incentivo al contrabando de hasta el 30% de la producción nacional.

Qué dicen: Los economistas coinciden en la inevitabilidad de la medida, pero advierten sobre su implementación.

Gonzalo Chávez: “Hay que explicar con todos los sabores y colores que esto era absolutamente necesario a pesar de todos los problemas que puede generar. De esta narrativa dependerá el éxito.

Jonathan Fortún (IIF): “Era inevitable… pocas políticas se habían vuelto tan distorsivas, corrosivas desde el punto de vista fiscal y dañinas para la posición externa de Bolivia”.

Fernando Romero: “Tenemos que acostumbrarnos a no tener productos subvencionados como los combustibles; mantenerlos genera distorsiones, desabastecimiento y una carga insostenible para el Estado”.

Los números: El Gobierno implementó medidas compensatorias que incluyen:

Aumento del 20% en el Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300.

Ampliación de bonos sociales (Renta Dignidad y Bono Juancito Pinto).

Creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

80% de la PEA es informal y no accede a compensaciones directas.

Las recomendaciones clave: Los economistas proponen medidas específicas para garantizar el éxito del ajuste y evitar el caos social.

Compensación focalizada inmediata: Dirigida al transporte público y pequeños productores para evitar que el subsidio general beneficie desproporcionadamente a sectores de mayores ingresos (Banegas, Romero, Fortún).

Control inflacionario: Anclar expectativas inflacionarias y control estricto del gasto público para evitar espiral persistente de precios (Bellott, Fortún).

Política cambiaria coherente: No corregir solo precios internos si el dólar sigue artificialmente contenido (Bellott, Fortún).

Transparencia fiscal: Uso claro del “ahorro fiscal” para reducir déficit o estabilizar reservas (Romero, Banegas).

Distribución equitativa: Tocar el “elefante estatal” con cierre de empresas deficitarias o recortes de salarios jerárquicos (Chávez)

Sí, pero:

El esquema de compensaciones está diseñado fundamentalmente para proteger al sector formal de la economía, dejando desprotegido al 80% de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad, advierte Chávez.

La ausencia de un acuerdo amplio en la Asamblea Legislativa aumenta el riesgo de reversión, bloqueos y conflictividad social, agrega.

¿Otro 21060?:

Gonzalo Chávez señala que el Decreto 5503, aunque incompleto y políticamente contenido, revela un cambio fundamental en el modelo económico boliviano:

“Podríamos decir que ha nacido el reemplazo del decreto 21060, el 5503… No es un shock fundacional, como lo fue el 21060, pero va a marcar época”, dijo.

La comparación con el histórico decreto que liberalizó la economía en 1985 sugiere un cambio estructural profundo.

Qué sigue:

El verdadero desafío comienza ahora: el Gobierno debe amortiguar el impacto social, evitar una espiral inflacionaria y corregir los desequilibrios estructurales, advierten los economistas.

La tarea compleja incluye estabilizar el tipo de cambio, los precios y asegurar la gobernabilidad, haciendo que esta medida técnicamente necesaria sea socialmente sostenible.