El Post

Lo esencial: El proceso de selección de vocales electorales en Bolivia enfrenta una intensa controversia por la exigencia constitucional de dominar al menos dos idiomas oficiales.

Ejemplo: en Chuquisaca, el 68% de las inhabilitaciones fue por no cumplir el requisito del idioma.

Por qué importa: El conflicto expone la tensión entre el mandato de interculturalidad del Estado Plurinacional y las dificultades prácticas de su aplicación, donde personas capacitadas quedan marginadas por falta de certificados mientras otros presentan documentos sin dominio real del idioma.

El problema de fondo: La rigidez en la aplicación del requisito lingüístico establecido en el artículo 234 de la Constitución ha generado múltiples paradojas en el proceso de selección.

En Chuquisaca, 47 de 69 inhabilitados fueron rechazados específicamente por el requisito de idiomas.

Postulantes como Leidy Leila Escobar García cuestionan criterios erróneos sobre la temporalidad de certificados.

En La Paz, la periodista Mery Vaca denuncia haber sido marginada por no presentar el certificado actualizado de idiomas, mientras otras personas que sí lo tenían no saben hablar.

La Ley 269 de 2012 y los decretos 2477 y 4566 exigen certificado original de institución autorizada.

La paradoja de la certificación: Existe una discrepancia entre la certificación formal y el conocimiento real del idioma, generando un sistema que no cumple su objetivo de inclusión.

Se denuncia un mercado de certificados que no reflejan dominio real del idioma.

Personas que dominan lenguas originarias quedan marginadas por falta de certificado actualizado.

Funcionarios en ejercicio y altas autoridades (como en su momento el exvicepresidente Álvaro García Linera) no cumplen el requisito pese a la obligación constitucional.

Qué dicen: Las voces del debate muestran posiciones encontradas sobre la pertinencia del requisito.

Andrés Gómez Vela (abogado y periodista): “El idioma se demuestra hablando, no en certificados. Ese requisito carece de sentido y causa desigualdad en la competencia, más aún en un país donde de cada 10, sólo 3 hablan un idioma nativo”.

Carlos Hugo Molina (investigador): El desconocimiento del idioma nativo “no puede anular el derecho a ser elegido al no ser una condición esencial el ejercicio del cargo”.

Sayuri Loza (historiadora): El requisito “ha demostrado no servir para nada ni en términos de inclusión ni en evaluación de aptitud”.

José Orlando Peralta (politólogo): “La exigencia debe ser eliminada, pues limita la participación de personas honestas y capacitadas”.

Silvia Garnica (ALD Chuquisaca): “Tenemos un buen número de postulantes inhabilitados por el tema del idioma”.

Entre líneas: El contraste con altas autoridades revela una aplicación selectiva del requisito. El Ministro de Culturas Marko Machicao admitió en 2015 que una gran mayoría de funcionarios públicos no había cumplido con la Ley 269, mientras ciudadanos como J. Quispe pidieron al TSE certificar si autoridades conocidas realmente hablaban lenguas originarias.

Las soluciones propuestas: Los analistas plantean redefinir la aplicación del requisito para hacerlo efectivo y equitativo.

Establecer niveles claros de dominio lingüístico.

Diferenciar funciones administrativas de territoriales según necesidad real del idioma.

Hacer el requisito progresivo con capacitación garantizada durante el cargo.

Garantizar formación gratuita y certificaciones accesibles para eliminar barreras.

Qué sigue: El Estado debe buscar un equilibrio entre respetar la diversidad lingüística y no restringir desproporcionadamente el derecho a la participación política, mientras el debate sobre la coherencia institucional se mantiene vigente.