El Post

Lo esencial: La aprehensión y detención de expresidente Luis Arce por el caso Fondo Indígena trasciende lo judicial y envía múltiples señales políticas, explican los analistas:

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz busca demostrar su compromiso anticorrupción ante la población y la comunidad internacional.

El MAS se debilita con el procesamiento de una de sus figuras históricas un mes después de su derrota electoral.

Por qué importa: Marca un precedente histórico: es el primer exmandatario de la era democrática (desde 1982) procesado y enviado a prisión por presuntos delitos de corrupción económica.

La Fiscalía lo investiga por la autorización de traspasos irregulares que causaron un daño, según el Gobierno, de hasta $us 700 millones.

El contexto judicial: El proceso se realiza por vía ordinaria ya que los hechos investigados corresponden a su gestión como ministro (2006-2017), anterior a su presidencia.

Esta estrategia permite a la Fiscalía actuar sin el filtro político de los dos tercios del Congreso que exige el Juicio de Responsabilidades.

Marcelo Ibáñez, constitucionalista: la detención de un expresidente por actos previos hace que “la frontera de protección institucional quede difusa”.

Ruth Vargas, exmagistrada: el caso obliga a revisar vacíos normativos sobre cómo procesar a un ciudadano que ascendió de ministro a presidente.

Señales de justicia: Quienes aplauden, destacan las señales de justicia con el cambio de Gobierno.

Edmand Lara (vicepresidente): “Dijimos que Luis Arce sería el primero en ir a prisión, y estamos cumpliendo”. “Quienes han robado a este país devolverán hasta el último centavo”.

Marco Antonio Oviedo (Ministro de Gobierno): Es decisión de este gobierno luchar contra la corrupción y arrestaremos a todos los responsables de esta malversación masiva.

Roger Mariaca (fiscal): “Esto no es persecución, ni un acto político”; agregó que se trata de un procedimiento judicial legítimo.

Carlos Sánchez Berzaín (abogado y exministro del MNR): “Bolivia empieza a desmontar la estructura dictatorial que estuvo dominada por el MAS”.

Luciana Campero (exdiputada): La detención de Arce “es una muestra de que la corrupción tiene consecuencias”.

Luis Fernando Camacho (Gobernador de Santa Cruz): “Después de dos décadas de sometimiento político, la justicia boliviana ha empezado a recuperar su independencia”.

La estrategia del “trofeo intermedio”: Algunos analistas políticos interpretan que el Gobierno optó por un objetivo accesible para consolidar su posición, evitando confrontar directamente a Evo Morales, quien permanece resguardado en el trópico de Cochabamba.

Andrés Delgadillo: el Gobierno busca entregar un “trofeo intermedio” porque Arce “está a unas cuadras de la Fiscalía y no tiene quien lo proteja” ni “capital político”.

Vladimir Peña: “Puede ser que se utilice a Arce, en términos políticos, para dar una señal a Evo: ‘o te vas fuera del país o salís ya o el próximo sos vos'”.

El riesgo de persecución política: Pese a que el Fiscal General Roger Mariaca negó que se trate de persecución política, asegurando que la acción emana de una denuncia institucional del Estado, la rapidez del proceso genera críticas sobre la independencia judicial.

María Nela Prada, exministra de la Presidencia: denunció un “total abuso de poder” y alertó que el caso no debe ser “una oportunidad para llevar a cabo persecución política”.

Martín Moreira, analista político: “La justicia siempre cambia de color o cambia de partido” y “esto marca otra mentira más, porque empieza a haber persecuciones”.

Marcelo Arequipa, analista político: “Existe un direccionamiento político tras la aprehensión de Luis Arce”.

Raúl Peñaranda, analista: “Creo que el expresidente debería poder defenderse en libertad”.

Los cargos: La Fiscalía investiga a Arce por múltiples delitos derivados de su supuesta autorización de traspasos irregulares de “ingentes cantidades de dinero” a cuentas de particulares y el financiamiento de proyectos inconclusos o fantasma.

Favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

Incumplimiento de deberes.

Conducta antieconómica

Qué sigue:

Un juez de La Paz ordenó la detención preventiva por cinco meses del expresidente y exministro de Economía, tras declararlo probable autor de delitos vinculados al caso del Fondo Indígena..