El Post

Lo esencial: El debate sobre el financiamiento estatal a partidos políticos vuelve al centro de la agenda nacional tras las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara, quien sostuvo que “los partidos políticos no deberían recibir financiamiento”.

En marzo de este año se aprobó la Ley 414/2024-2025, que suspendía estos fondos para 2025.

En los hechos, el Estado boliviano dejó de financiar a los partidos desde 2008. Sin embargo, había leyes que aún amparaban esta práctica.

Por qué importa:

Bolivia es uno de los pocos países de América Latina sin financiamiento estatal directo robusto, mientras cerca de cuatro quintas partes de los países latinoamericanos mantienen alguna forma de financiamiento público.

La ausencia de estos recursos plantea el riesgo de que la política esté dominada por quienes tienen mayor capacidad económica privada.

Contexto histórico: El financiamiento estatal se instituyó con la Ley de Partidos Políticos de 1999 para fortalecer a los partidos, democratizar el sistema político y reducir la influencia del dinero privado excesivo.

Los recursos provenían del Presupuesto General de la Nación.

Se destinaban a propaganda electoral en años de campaña y educación ciudadana en años no electorales.

Fue eliminado completamente en 2008 mediante la Ley 3925 del 21 de agosto

Los números: El monto en disputa para 2025 habría ascendido a Bs 40 millones para los tres partidos con representación parlamentaria (MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos).

Qué dicen: Las propuestas sobre el destino de los fondos suspendidos reflejan diferentes visiones políticas.

Edmand Lara (vicepresidente): “Los partidos políticos no deberían recibir financiamiento” estatal. “Yo lo he comprobado, sin financiamiento hemos ganado una elección, se puede”

Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, sugirió destinar esos fondos al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Manfred Reyes Villa confirmó que destinarían fondos privados a su campaña, ya que “los partidos deben autofinanciarse al no recibir recursos públicos”.

Juan Villca, viceministro en la gestión de Luis Arce, exigió al TSE en julio pasado auditar a todos los partidos: “¿El ciudadano tiene que saber, si va a apoyar a un partido, cómo ha hecho (un candidato) para armar semejante tarima, semejante sonido, contratar semejantes conjuntos?”

El espejo regional: Los países vecinos mantienen diferentes modelos de financiamiento que ofrecen lecciones para Bolivia.

Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay mantienen financiamiento público directo regulado.

Chile y Perú han impuesto fuertes restricciones al financiamiento empresarial privado.

La mayoría combina financiamiento público con regulación estricta del financiamiento privado.

El financiamiento público sirve para nivelar el terreno entre partidos grandes y pequeños

Entre líneas:

La experiencia regional sugiere que el modelo óptimo combina financiamiento público con regulación estricta del financiamiento privado.

La transparencia, rendición de cuentas y el control estricto de los aportes privados son desafíos pendientes que definen la legitimidad electoral futura en Bolivia.

Qué sigue: El debate continuará en el contexto de las elecciones de 2025, donde los partidos deberán autofinanciarse mientras enfrentan demandas de mayor transparencia sobre el origen de sus recursos privados.