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Lo esencial: El Tribunal Constitucional Plurinacional funcionará hasta junio próximo con solo cuatro magistrados de los nueve que debería tener, tras un acuerdo entre el Vicepresidente y jefes de bancada en el Legislativo.

Se aprobará una “ley corta” para legalizar este procedimiento.

Por qué importa: Aunque legalmente válido gracias a la ley transitoria del 2 de octubre de 2025, este funcionamiento es operativamente frágil.

La ausencia de un solo magistrado paraliza completamente al Tribunal por falta de quórum, poniendo en riesgo decisiones sobre derechos ciudadanos fundamentales.

Existe un volumen de 17.000 causas pendientes que deben resolverse con sólo cuatro magistrados.

No hay representación de cinco departamentos: Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

El respaldo legal: La configuración mínima se legitima mediante una ley transitoria y excepcional aprobada por el Senado que permite al TCP operar con los titulares elegidos en 2024.

Esa ley excluye formalmente a los magistrados denominados “autoprorrogados” mientras se realizan elecciones complementarias.

Funcionamiento operativo: El Tribunal ha adaptado sus procedimientos al “mínimo funcional” con reglas específicas para mantener operatividad.

Quórum: Con sólo cuatro magistrados activos, ahora se requiere la presencia de los cuatro para sesionar.

Decisiones: Las sentencias requieren al menos tres votos para alcanzar mayoría absoluta.

Estructura: Todo el flujo de causas debe resolverse en Sala Plena, sin salas especializadas.

Los riesgos: La fragilidad operativa genera tres amenazas críticas al sistema judicial.

Parálisis total: La excusa o recusación de un solo magistrado paraliza inmediatamente al Tribunal.

Sobrecarga procesal: La concentración en Sala Plena ralentiza causas sensibles como acciones de libertad y amparos.

Representación incompleta: Más de la mitad del país carece de representación, afectando la legitimidad política.

Por qué no hay reemplazos inmediatos:

La Constitución exige que los magistrados sean elegidos por voto popular previa preselección legislativa.

No es posible nombrar interinos por decreto o designación política, y cualquier intento sería abiertamente inconstitucional.

Las elecciones judiciales complementarias no pueden fusionarse con las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.

Qué dicen los expertos: Constitucionalistas y analistas advierten sobre la gravedad de la situación actual.

William Bascopé: “Crisis constitucional abierta donde el Estado se queda sin árbitros constitucionales”.

Carlos Böhrt: “Se genera un vacío que la Constitución no previó”.

Franklin Pareja: “Existe un doble vacío: jurídico y político”.

Edmand Lara: “No vamos a permitir prórroga ni decretazos”-

Paola Prudencio: “El funcionamiento es transitorio, pero constitucionalmente válido”.

La hoja de ruta: El cronograma propuesto por especialistas contempla aproximadamente seis meses para completar la renovación.

Diciembre 2025: Aprobación de ley para convocatoria complementaria (2-4 semanas).

Enero-febrero 2026: Preselección de candidatos y votación de 2/3 en la ALP (4-6 semanas).

Febrero-abril 2026: Organización logística electoral por el TSE (6-10 semanas).

Mayo-junio 2026: Elección y posesión de nuevos magistrados (3-4 semanas).

Qué sigue:

La Asamblea Legislativa debe aprobar de manera inmediata la ley transitoria que formaliza el funcionamiento de los cuatro magistrados y la convocatoria a elecciones complementarias.

Los jefes de bancada acordaron trabajar en una “ley corta” con junio de 2026 como fecha límite para elegir a los magistrados faltantes del TCP y dos del TSJ.