El Post

Lo esencial: Las recientes declaraciones del excandidato presidencial Samuel Doria Medina reactivaron el debate sobre la nacionalización de los “autos chutos”, una promesa electoral del presidente Rodrigo Paz.

Doria Medina propuso cumplir el compromiso, pero con tres condiciones estrictas: filtrar vehículos robados, establecer que será la última vez y fijar un costo de legalización mayor al de importación regular.

Por qué importa: La propuesta involucra a miles de familias bolivianas y podría generar 1.000 millones de dólares en recaudación fiscal, pero enfrenta críticas por potencialmente debilitar el Estado de derecho y fomentar el crimen organizado.

Entre 750.000 y 1,5 millones de autos indocumentados circulan actualmente en Bolivia.

Publicaciones en medios nacionales hablan de la existencia de 70 ferias de autos chutos en Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La propuesta original: La nacionalización fue pieza central del programa electoral de Rodrigo Paz, apoyada en tres ejes fundamentales.

Formalizar la economía: Convertir el “Estado tranca” en un “Estado facilitador” bajo la lógica de un “capitalismo para todos”.

Generar ingresos fiscales: Legalizar 500.000 vehículos con pago de 2.000 dólares por unidad para recaudar 1.000 millones de dólares.

Ordenar el parque automotor: Conocer el tamaño real de la flota para planificación vial y energética.

El fenómeno estructural: El contrabando de vehículos ha adquirido dimensiones masivas en Bolivia.

Se estima que ingresan 120.000 nuevas unidades anualmente, principalmente desde Chile, Paraguay y Brasil, con la Zona Franca de Iquique como punto clave de abastecimiento.

El cruce se realiza por más de 70 pasos fronterizos no autorizados mediante caravanas que emplean tácticas como la “Noche de los Búhos”.

Los mercados ilegales: Los vehículos se comercializan abiertamente en ferias clandestinas.

Ferias físicas en Challapata, Ventilla, Yapacaní y Chapare.

Redes sociales como Facebook y TikTok funcionan como vitrinas digitales de oferta de estos vehículos.

Argumentos a favor: Los defensores de la nacionalización presentan razones económicas y sociales.

Necesidad social: “Nadie tiene 15.000 o 17.000 dólares para comprarse un auto nuevo”, afirma Rubén Ferrufino, dirigente de propietarios de chutos.

Oportunidad económica: Recaudar 1.000 millones de dólares y formalizar un amplio sector económico.

Precedentes históricos: Decretos de Jorge Quiroga y Carlos Mesa, y la Ley 133 de Evo Morales.

Argumentos en contra: Los opositores advierten sobre graves consecuencias legales y económicas.

Fomento al crimen: Más de 30.000 unidades robadas ingresadas desde Chile solo en 2022.

Daño económico: La Cámara Automotor Boliviana calcula pérdidas fiscales de entre 460 y 500 millones de dólares al año.

Riesgo de colapso: El Transporte Libre advierte aumento del caos vial y mayor presión sobre la subvención de combustibles.

Entre líneas: El psicólogo Gustavo Navarro denomina este fenómeno “contrabando-cultura”: la idea de que el delito pierde su carga moral y se vuelve socialmente aceptado.

La romantización del “chuteo” en redes sociales o en canciones como la de Simón La Torre, que canta “Seguiré chuteando por ti amor”, grafica este proceso.

La debilidad institucional: El sociólogo Fernando Figueroa apunta a una “anomia” creciente: grupos que reclaman la legalización como un derecho, al margen de la ley.

Casos de policías implicados en venta de autos robados o funcionarios que emiten placas municipales para vehículos indocumentados muestran cómo la complicidad institucional alimenta el ciclo.

La conclusión: Una nueva amnistía podría aliviar al fisco a corto plazo, pero también reforzar la cultura del contrabando y perpetuar la expectativa de futuras regularizaciones.