El Post

Lo esencial: Tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz de cerrar definitivamente el Ministerio de Justicia, cinco viceministerios y varias oficinas descentralizadas esperan su destino ante la promesa del Gobierno de garantizar la continuidad de servicios.

Por qué importa: La falta de un Decreto Supremo que formalice la supresión y reasigne funciones ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y juristas, ya que instancias sociales, incluyendo niñez, género, pueblos indígenas y usuarios, dependen de este ministerio.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el cierre podría afectar a poblaciones vulnerables.

La eliminación es vista como estructuralmente arriesgada si el destino de sus unidades no se define claramente.

Los viceministerios en el limbo: Según el Decreto Supremo 4857 (2023) y el Plan Estratégico del Ministerio de Justicia (2021-2025), la cartera incluía formalmente cinco viceministerios:

Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales.

Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina.

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción

Entidades clave en riesgo: El Ministerio de Justicia administraba varias entidades descentralizadas de vital importancia para la ciudadanía:

Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP): Fundamental para la asistencia jurídica gratuita a poblaciones vulnerables.

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI).

Dirección del Notariado Plurinacional.

Servicio Plurinacional de la Mujer “Ana María Romero” (enfocado en despatriarcalización).

Qué dicen: Las reacciones institucionales reflejan preocupación por la continuidad de servicios esenciales.

La Defensoría del Pueblo expresó públicamente su preocupación por el impacto en poblaciones vulnerables.

El Colegio Nacional de Abogados respaldó el cierre del Ministerio, pero exigió que las funciones clave se reasignen con claridad y pidió que no se “camufle” la cartera en un viceministerio sin presupuesto.

La vocera presidencial Carla Faval intentó “garantizar” la continuidad de funciones del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

El Ministro de la Presidencia mencionó que el Viceministerio de Transparencia es uno de los “componentes más importantes que se van a rescatar”.

El marco legal:

La Ley boliviana establece que la supresión de un ministerio y la reasignación de sus funciones se realiza mediante Decreto Supremo (DS).

El DS debe declarar formalmente la eliminación del ministerio e indicar explícitamente el destino de cada viceministerio y de sus competencias.

Para garantizar la continuidad operativa, el decreto debe asegurar la reasignación institucional de personal, presupuesto, planes, programas, oficinas físicas y derechos adquiridos a otro ministerio o entidad del Estado.

Antecedentes de reasignación: El Decreto Supremo N° 5488 (noviembre de 2025) ya sentó precedentes sobre cómo se distribuyen las funciones de carteras suprimidas:

Ministerio de Medio Ambiente y Agua: Sus competencias fueron reasignadas al recién creado Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: Sus atribuciones pasaron al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

Viceministerio de la Coca: Fue suprimido, y sus funciones fueron trasladadas a la órbita de la Presidencia.

El plan del PDC:

El cierre del Ministerio de Justicia forma parte del plan de gobierno del PDC (Agenda 50/50), que promueve la “reconfiguración del sistema judicial” y el achicamiento del Estado.

El presidente Paz justificó la eliminación para evitar la politización y la “injerencia de la política en la justicia”.

Sin embargo, el programa de gobierno del PDC no incluyó un anexo explícito que detallara a qué entidades pasarían cada una de las funciones del Ministerio de Justicia.

Qué sigue:

El Gobierno debe publicar urgentemente el Decreto Supremo que formalice la supresión del Ministerio de Justicia y defina el destino específico de cada viceministerio y entidad descentralizada.

La vocera presidencial Faval afirmó que se tomarán “acciones de políticas públicas para dar certeza”, pero la falta de claridad alimenta el temor de que funciones esenciales sean absorbidas sin los recursos necesarios.