La factura de la soberanía: el costo millonario de las nacionalizaciones en Bolivia
El Post
Lo esencial: Las nacionalizaciones impulsadas por Evo Morales desde 2006 generaron demandas internacionales por 4.136 millones de dólares.
- Bolivia terminó pagando alrededor de 985 millones de dólares, según datos oficiales.
- Estudios independientes reportan un costo por encima de 1.238 millones de dólares.
Por qué importa: Este legado de litigios internacionales complica hoy los esfuerzos del gobierno de Rodrigo Paz para atraer inversión extranjera y mantiene al país expuesto a arbitrajes por las “cláusulas de supervivencia” de los tratados.
- Reducción lograda por la defensa estatal: más de 3.150 millones de dólares según el exprocurador Wilfredo Chávez.
Contexto: El conflicto nació del choque entre dos marcos normativos.
- La Constitución de 2009 estableció que los recursos naturales son de dominio estatal y prohibió resolver disputas en tribunales extranjeros.
- Los Tratados Bilaterales de Inversión firmados en los años 90 otorgaban a los inversionistas el derecho a acudir al arbitraje internacional.
Los casos emblemáticos: Seis empresas concentraron más del 93% del costo total reportado por la Procuraduría.
| Empresa | Sector | Monto |
|---|---|---|
| Pan American Energy | Hidrocarburos | $us 357 millones |
| Glencore | Minería | $us 253,5 millones |
| BBVA | Pensiones | $us 105 millones |
| Euro Telecom International | Telecomunicaciones | $us 100 millones |
| Red Eléctrica Internacional | Energía | $us 65,2 millones |
| Quiborax | Minería | $us 42,6 millones |
| TOTAL | $us 923,3 millones |
Los sectores más afectados: Las mayores disputas se registraron en tres áreas estratégicas.
- En hidrocarburos y energía, la nacionalización de YPFB Chaco derivó en el pago de 357 millones a Pan American Energy.
- Bolivia enfrentó arbitrajes tras tomar control de Transportadora de Electricidad e Iberdrola.
- En minería y metalurgia destacaron los casos de Glencore por Vinto y Colquiri, Quiborax por concesiones en el Salar de Uyuni, y el arbitraje por Mallku Khota iniciado por South American Silver.
- En telecomunicaciones y servicios financieros, la nacionalización de Entel terminó en un acuerdo de 100 millones de dólares con ETI y el laudo a favor del BBVA implicó un pago de más de 105 millones de dólares.
La estrategia del Estado: Para contener los costos, Bolivia se retiró del CIADI y buscó resolver la mayoría de los casos mediante negociación directa.
- De los 13 primeros procesos, 10 se cerraron por acuerdo. En los litigios inevitables, el Estado contrató firmas internacionales como Dechert LLP y Foley Hoag.
Qué dicen: Las evaluaciones sobre el impacto de las nacionalizaciones generan posiciones encontradas entre analistas.
- Gonzalo Chávez: La política afectó la inversión y contribuyó al declive del gas.
- Alberto Bonadona y Ricardo Paz: La nacionalización permitió retener 14.000 millones en utilidades que de otro modo habrían salido del país.
- Transnational Institute: Hasta 2022 Bolivia no había ganado ninguno de los 14 casos resueltos.
Entre líneas: El historial de expropiaciones y la denuncia de los TBI alimentaron la percepción de inseguridad jurídica entre inversores.
- Bolivia enfrenta ahora el reto de reconstruir la confianza de los inversionistas mientras las “cláusulas de supervivencia” de los TBI mantienen al país expuesto a arbitrajes durante años.
- La factura de la soberanía, advierten los expertos, sigue vigente a largo plazo.
